En los últimos ciento vente años, la humanidad ha pasado por varias crisis socioeconómicas derivadas de especulaciones sin regulación en las bolsas de valores; pandemias; guerras regionales o intercontinentales. Fechas como 1918, 1929, 1945, 1973, 1987, 2008 y 2020, entre otras, son años que marcan la historia reciente de la civilización desde muchos factores.
Las relaciones entre el ciudadano y el Estado se reenfocan cada vez que existen estas crisis porque la iniciativa privada entra en una fase de debilitamiento agudo y la mano salvadora es siempre el Estado a través del gobierno de turno. Antes de las crisis, las críticas por el motivo que sea contra las instituciones oficiales están al orden del día. Durante las crisis, brillan por su ausencia. Pero así sucede. Ejemplo: Criticamos a nuestra policía porque si o porque no. Pero si atentan contra tu humanidad o propiedad, lo primero que pasa por la mente es llamar a la autoridad para pedir apoyo. Así somos.
El capitalismo existe porque existe el Estado que lo apoya, orienta y le facilita el desarrollo. Y el Estado existe porque el ciudadano y la empresa privada lo sustenta para su funcionamiento. El capitalismo y el Estado son pareja indisoluble. Empero, cuando existen excesos de alguno de ambos lados, el equilibrio se rompe y se miden fuerzas afectando directamente al ciudadano.
Estas fuerzas deben procurar la razón de la existencia del Estado que es el bienestar ciudadano brindando opciones de desarrollo sostenible en espacio y tiempo. Y, con las amenazas actuales de la sustentabilidad vital del ser humano, en cuanto al medio ambiente por el inevitable cambio climático, se convierte en una obligación sin igual pues no hay otro planeta adónde ir. Pero para que esto funcione bien para todos, es indudable que debe existir una base que es una salud financiera estable que sustente el progreso del individuo y de la empresa.
En Colombia tenemos un Estado con administración central y con descentralización administrativa en las regiones. El Estado no puede ni debe ocuparse de todos los aspectos de la vida del individuo. El ciudadano debe aportar solidaria e inteligentemente para su desarrollo; y el Estado a su vez, no debe coartar sus libertades básicas ni su derecho a la privacidad que es lo que estamos viviendo ahora, en diferentes niveles de la autoridad.
No podemos sacrificar años o siglos de progreso social y económico con excusas de seguridad o de control que, si bien hay medidas que deben aplicarse temporalmente y pueden tener una buena intención, algunas tienen un desenlace cuestionable. Cierto es que debemos obedecer a las autoridades; para eso las constituimos y las elegimos democráticamente pero no significa una carta blanca para que abusen de los instrumentos de cualquiera de los tres poderes y mucho menos que los responsables de su ejecución sean aprendices que enfrenten retos descomunales como los que estamos viendo. Un ejemplo es la recolección inapropiada de datos personales al ciudadano que por fortuna la justicia ha intervenido recientemente acorde a la ley y se ha impedido esa violación de la privacidad del individuo.
Al funcionalismo público no se viene a aprender sino a administrar con las mejores destrezas posibles para un buen servicio público a la comunidad. Aunque todavía no se sabe cómo impactará esta crisis en nuestra política colombiana, posiblemente reformulará la relación entre el ciudadano y el Estado; y la iniciativa privada está a la expectativa.
