La democracia colombiana se ha debilitado cada vez más, debido a muchas causas, siendo algunas de ellas, la crisis de los partidos políticos que no responden al sentir y a las necesidades de los colombianos, a la falta de credibilidad en el establecimiento, y a líderes deshonestos que utilizan prácticas desinformativas para manipular a sus seguidores y debilitar la institucionalidad democrática.
En la noticia titulada ¿HAY UNA BODEGUITA URIBISTA? que se publicó en el diario El Espectador el pasado 12 de julio, señala que desde el 29 de agosto de 2019 hasta el 30 de junio de 2020, un total de 8.947 usuarios posicionaron siete tendencias en Twitter en contra de la JEP.
Señala el artículo que se han analizado 35.751 datos capturados en los últimos nueve meses, se pone al descubierto una campaña de desinformación en Twitter que, usando montajes y afirmaciones distorsionadas, intenta posicionar siete etiquetas y dominar la conversación alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La Justicia Especial para la Paz –JEP- desde su creación, ha venido siendo el blanco de quienes han estado en contra de los acuerdos de paz, en particular del Centro Democrático, partido que al parecer no solo instiga a los funcionarios de la JEP, sino que en cada legislatura intenta reformar este órgano que se creó dentro de los acuerdos de paz y que implementa justicia para los delitos cometidos dentro del conflicto armado por los actores del mismo.
Lo interesante de la noticia es que señala a integrantes de este partido político como las personas que han venido difundiendo estas noticias falsas de desprestigio de la JEP, violando al parecer los reglamentos de Twitter, pues es en esta red, es en donde se posicionan los temas políticos.
La noticia señala que al revisar la lista de las siete etiquetas, se descubrió que está encabezada por #ARomperLaJEP y #RompamosLaJEP ambas iniciadas el 3 de marzo de 2020 y el 22 de febrero, respectivamente, desde la cuenta de Jaime Arizabaleta, directivo del Centro Democrático en el Valle del Cauca y excandidato al Concejo de Cali en 2015 por el mismo partido. Ambas tendencias son variaciones del título de su columna, publicada en un portal de opinión digital donde escriben otros alfiles del uribismo, como Paloma Valencia y José Félix Lafaurie,
Otras dos tendencias fueron iniciadas también por tuiteros uribistas (@ANIABELLO y @SANTAMARIAURIBE), y las dos restantes por cuentas anónimas, una de ellas suspendida por Twitter (@ONGammishaddai) y la otra difunde teorías conspirativas sobre el COVID-19 (@williamunar5).
Es lamentable que a pesar de las innumerables denuncias que se leen y se escuchan por los distintos medios de comunicación sobre violaciones a la legislación colombiana por parte de políticos nacionales, la Fiscalía General de la Nación al parecer nunca puede terminar la investigación y tampoco identifica al autor o autores intelectuales de los delitos que se mencionan, si es que al proceso no se le vencen los términos.
La anterior situación, no solo debilita la democracia, la justicia, la cohesión social, sino que se pierde más la confianza en los líderes y en los partidos políticos que forman parte de la columna vertebral de la democracia.
Acciones como las que se señalan en la noticia que mencioné inicialmente, nos permite reflexionar e invitar a los colombianos a que protejamos la democracia, a que tomemos conciencia de esta manipulación perversa que ejercen estos políticos para debilitar la institucionalidad democrática y los acuerdos de paz.
Lo anterior nos lleva a concluir que los acuerdos de paz y sus órganos como es lo es la JEP, son convenientes para el desarrollo del país, la equidad social, y para saldar deudas históricas que tiene el Estado para con el campo y las víctimas en general; pero que posiblemente no le convienen a unos pocos, porque perderían las riquezas y las prebendas que lograron dentro del conflicto armado.
Esta clase de políticos no deben ser reelegidos, pues la democracia se construye sobre la base del bien común y de elegir buenos gobernantes que administren correctamente el erario público, el poder y que respondan a las necesidades del conglomerado social respetando la legalidad y la ética pública, y no acudiendo a prácticas ilegales como las que se mencionan en la noticia del diario El Espectador.
En una democracia el voto debe ser libre y ejercerse pensando en el bien común de la colectividad en general, por ello los colombianos debemos ante el vacío que existe para entablar justicia en algunos casos, dejar de votar por corruptos que empobrecen el país.
