El llamado a moción de censura al Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla que puede terminar con la destitución de su cargo por parte del Congreso de la República, es un juicio no legal o de culpabilidad de sus actos desde el punto vista legal (el haber violado alguna ley) pues este poder reside en los jueces, el Congreso como la máxima institución del poder público en una democracia pone a juicio las acciones políticas y la responsabilidad política del ministro Carrasquilla y su competencia para dirigir la cartera de Hacienda y tener las riendas de la economía.
Como lo expresó Daniel Coronell en su columna “La Murga de Panamá” este no es un problema legal pues aparentemente todas las acciones realizadas por el ministro Carrasquilla fueron apegadas a la ley, es un dilema moral y ético; pero desde mi punto de vista el acto de corrupción es la utilización de información privilegiada por parte de Carrasquilla para favorecimiento personal y de terceros.
Lo anterior de se debe a que el ministro Carrasquilla fue el autor intelectual de la reforma constitucional que cursó 8 debates y sus respectivas votaciones en el Congreso de la República y que produjo el nacimiento de los “Bonos de agua” al permitir pignorar (dar de prenda de garantía) los recursos que los municipios reciben del Gobierno Nacional por concepto del Sistema General de Participaciones (SGP) y de esta manera aumentar su capacidad de endeudamiento. Esta reforma que se aprobó en diciembre del 2007 meses después de que Carrasquilla saliera del Ministerio de Hacienda del entonces gobierno Uribe, permitió la radicación y posterior aprobación de la ley que creó la posibilidad de estructurar y emitir los llamados “Bonos de Agua”, ley que fue aprobada en el 2008.
Lo que mostró el periodista Coronell es que casualmente el ministro Carrasquilla junto con sus socios, fundaron la empresa Konfigura a finales del 2007, mes después de la salida de Alberto Carrasquilla del Gobierno Uribe. La empresa Konfigura fungió como intermediaria y constructora del esquema de emisiones, como de la construcción del instrumento financiero para los respectivos municipios.
Obviamente la empresa a la cual el ministro era socio tuvo una participación relevante en el negocio de estructuración y asesoramiento de los “Bonos de Agua” en varios municipios, pues de forma obvia tenían la información meses o incluso un año antes de cómo se debían estructurar estos bonos, cuáles eran sus condiciones y qué municipios se podrían beneficiar u ofrecer estos servicios de forma anticipada que las demás firmas competidoras que ofrecen servicios similares, poniendo a la firma Konfigura en una posición de ventaja y competencia desleal con las demás firmas competidoras, y aunque esto es aparentemente legal valdría la pena una revisión por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio por atentar contra la libre competencia y por la Corte Suprema para determinar si efectivamente hubo abuso de información reservada y privilegiada para beneficio personal o de terceros del ministro Carrasquilla. Más de ahí no habría ningún hecho que se pueda presumir punible o corrupto.
Pero el juicio del congreso no se debe centrar en la parte legal o punible de las acciones del actual ministro, sino en la confiabilidad que el ministro genera, al estar involucrado en un escándalo de utilización de información confidencial y privilegiada para beneficio personal. Además, este escándalo pone en tela de juicio la idoneidad del trabajo del Carrasquilla, pues los bonos de agua se volvieron una cuerda que ahorcó a los municipios al tener una tasa de interés de UVR+11 la cual es una tasa excesivamente alta, esto aseguraba que los municipios iban a tener problemas para honrar sus obligaciones como efectivamente pasó, lo cual solo agrava la situación financiera de los municipios que accedieron a este instrumento financiero porque de otra forma no podían acceder a créditos por sus precarias finanzas. La situación anterior empeoró al tener pignorados los ingresos del SGP que en el caso de los municipios más pequeños pueden llegar a ser hasta el 85% de sus ingresos anuales.
Este pésimo negocio para las arcas municipales y las finanzas públicas tuvo que ser solucionado por el entonces ministro Mauricio Cárdenas al sustituir estos bonos por una línea blanda de créditos por medio del FINDETER para darle una salida financiera a estos municipios.
Entonces los “Bonos de Agua” estaban condenados al fracaso por la tasa de interés que los hacían impagables y adicionalmente al no existir un protocolo de contratación y licitación adecuado y el inexistente acompañamiento técnico a los municipios, lo que propició la corrupción y los sobrecostos en las obras, lo que permitió que se volvieran elefantes blancos. Al final los municipios se quedaron sin acueductos y alcantarillados y sí con las onerosas deudas que eran impagables desde el comienzo.
Son los alcaldes y gobernadores de los municipios y departamentos donde se desarrollaron estas obras los verdaderos corruptos que se robaron estos recursos y permitieron que se volvieran elefantes blancos financiados con deudas impagables, y es sobre ellos que debe recaer la acción de la contraloría y de la justicia por el detrimento patrimonial y robo de los recursos municipales que les habilitaron los “bonos de Agua“ creados por el Gobierno Uribe y su ministro Carrasquilla
Falta ver si en el congreso, las bancadas independientes y de oposición, logran juzgar la ministro Carrasquilla por una política que él elaboró y dio vida, que muestra el desconocimiento de la realidad administrativa de los municipios pequeños y que desde un principio estaba condenada al fracaso por el costo de las tasas de interés.
