El sistemático y cotidiano asesinato de líderes sociales y de los Derechos Humanos que ocurre a lo largo y ancho de la geografía nacional causa una profunda desconfianza en lo que conocemos como “nuestra Democracia”. Y no es para menos. Que explicación lógica se puede esbozar cuando sin formula de juicio de ninguna naturaleza, grupos de forajidos se han dedicado a la terrible tarea de ir por pueblos y veredas asesinado, en forma aleve y sobre seguros a hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, cuyo único delito es ser campesinos, pescadores o mineros, en procura de su subsistencia y planteándose formas de organización ciudadana, para la defensa y reconocimiento de sus derechos, amparados totalmente en la Constitución política colombiana.
Pero lo mas extraño que ocurre es que estos crímenes se dan en poblaciones donde los alcaldes y los gobernadores continúan mirando para otro lado, como lo señaló el Procurador General Fernando Carrillo y que lo llevó a decirles que: “Conminaremos a estas autoridades para que se comprometan y actúen en la protección de los líderes sociales”.
Las organizaciones sociales encargadas de velar por la protección de los Derechos Humanos hemos llegado al tope de nuestra resistencia y capacidad de aguante ante tanta insolidaridad y abandono de las autoridades civiles y militares encargadas de velar por la vida y la integridad de todos los colombianos, sin excepción de ninguna naturaleza.
En este marco de angustia y preocupación nos hemos enterado por las noticias que la Procuraduría General convocó a todas las partes y representantes de todos los niveles del Estado a una reunión extraordinaria realizada en Apartadó, Antioquia, y donde fueron aprobados once puntos concretos para garantizar la seguridad y la integridad de los líderes y defensores de derechos humanos del país.
Lo más significativo de esta reunión fue que contó con la presencia del Presidente Duque y donde el gobierno estableció su posición sobre la protección a estos sectores sociales, seriamente amenazados por los genocidas. El Presidente manifestó que: “Vamos a trabajar de manera articulada para la protección de la vida y la integridad de los líderes sociales en nuestro país. Nuestro compromiso es con la defensa de los derechos humanos, con la defensa de la legalidad, con la defensa del imperio de la ley, con garantizarles a todos los colombianos la libertad de expresión, con garantizarles a todas las personas que están ejerciendo la defensa de los derechos de los colombianos la protección por parte del Estado.”
Es urgente parar el genocidio, Presidente Duque. Por eso miramos esperanzados estas noticias que nos llegan desde las instancias superiores de la administración pública. Pero queremos hacer una respetuosa sugerencia. Que el gobierno nacional rompa esa distancia tan grande que existe entre gobierno y sociedad y que las organizaciones sociales encargadas de esta meritoria tarea seamos invitadas para escuchar y analizar directamente con las autoridades encargadas, las recomendaciones que el actual gobierno va a instaurar en el marco de contrarrestar este tenebroso genocidio.
De igual manera nos declaramos a la espera de lo que el presidente Duque afirmó: “Este compromiso es solo el comienzo de una política publica integral que se conocerá en las próximas semanas y que tiene como principio lo siguiente: Que todas las entidades del Estado defendamos la vida y la honra de nuestro lideres sociales, políticos, de nuestros periodistas, de todos los colombianos”.
Como Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) hemos estado al frente de esta honrosa tarea desde que nuestro insigne fundador el Canciller Alfredo Vásquez Carrizosa levantó el estandarte de los Derechos Humanos y abrió una nueva puerta de trabajo y consagración por la dignificación de la especie humana, en lo general, y por la defensa de las libertadas públicas en lo particular. Vamos a continuar al frente de este meritorio esfuerzo por la protección de los sectores mas vulnerables de nuestra sociedad.
