Una nube trágica y asesina atraviesa a Colombia, a lo largo y ancho, y va cobrando a su paso la vida buena y generosa de decenas de líderes sociales cuyo único pecado es ponerse al frente de sentidas y viejas peticiones y reclamaciones de sus comunidades. Los asesinos no distinguen a los líderes. Trátense de reclamos de tierra, de servicios públicos, de defensa del medio ambiente, o de cualquier otra razón, el tratamiento es igual: sicarios en moto y amparados por las sombras de la noche, descargan sobre el cuerpo indefenso de las víctimas sus mortíferas armas de fuego, para después huir y perderse en el anonimato.
¿Pero, quiénes son los que pagan a estos portadores de la muerte? Que poder político y económico tienen que las investigaciones de los organismos de justicia del Estado nunca pueden dar con ellos y si acaso lo logran, gruesas cortinas de humo impiden que la opinión publica conozca sus nombres y actividades.
Las desafortunadas palabras del ministro de la Defensa Nacional, refiriéndose a estos dolorosos casos, cuando no aceptó lo sistemático de los homicidios y mas bien creó un manto de dudas, cuando insinuó “líos de faldas” de los muertos. Afortunadamente, no ocurre lo mismo con la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación que han ido construyendo un perfil genocida en estos atentados mortales y que responde a problemas específicos de reclamación de tierras, en algunas zonas y defensa de aguas, bosques y medio ambiente, en otros.
El diario “El Tiempo” en su editorial del 20 de febrero de 2018, fue muy claro al decir: “Hay que encontrar la manera de detener las muertes de lideres sociales; 205 asesinatos es una cifra monstruosa y vergonzosa”. Y continúa analizando la grave situación, en esta forma: “Aunque necesaria para tener una idea de la magnitud de lo que viene ocurriendo, el país no puede cometer el error de minimizar una cifra en aumento: la tragedia que significa en que en todo el país estén matando a quienes se la juegan por su gente… Con las muertes registradas en Guapi y en el Catatumbo ya son 205 los líderes sociales víctimas de las balas asesinas desde que comenzó la implementación de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las Farc”.
Sin embargo, la matanza de líderes sociales continua frente a las miradas de asombro y horror de la sociedad colombiana y la comunidad Internacional, que no saben qué hacer para detener la mano asesina. El pasado 22 de marzo en las horas de la noche fue asesinado, a mansalva y sobre seguro, Alcides Ospina, presidente de la junta de Acción Comunal de la vereda Guayaquil, del municipio de Pensilvania, en el departamento de Caldas. La Acción comunal, organización social de campesinos y sectores suburbanos, impulsada desde los tiempos del presidente Lleras Restrepo, denunció que ya son 20 los miembros de esa organización asesinados vilmente, desde el 1º. de Enero al 28 de marzo de 2018, lo que resulta ser una cifra aterradora.
El Estado tiene que ayudar a las golpeadas organizaciones sociales a protegerse y a defenderse, ya que no puede permitir que la matanza continúe. He planteado en algunos espacios políticos, preocupados por estos atentados alevosos a la Paz, que es necesario empoderar de una vez por todas a las organizaciones sociales, colocándolas en una posición más cercana a las autoridades nacionales, con medios de comunicación y de transporte que hagan rápida y fácil la detención de los presuntos asesinos. Es decir, tiene que ser un modelo de defensa que vincule activamente a los sectores sociales amenazados en las tareas diarias de su propia defensa. Hay que acortar las distancias que hay, entre los campesinos, indígenas y afrodescendientes y el Estado. En otras palabras, hay que “meterle pueblo al Estado”, para aislar definitivamente a los asesinos que tanto daño le hacen a nuestras temerosas y sufridas comunidades y de paso a la Paz y a la reconciliación definitiva de los colombianos.
