El pasado 20 de abril, el Ministerio del Interior publicó el borrador del decreto por el cual se establecen los lineamientos para la participación y articulación interinstitucional, intersectorial y territorial para la Política Pública Integral del Sector Religioso, la cual tendría cinco ejes: Libertad Religiosa y de Cultos, Participación Ciudadana e Incidencia Social, Educación y Formación Confesional, Paz con Enfoque Territorial y Cooperación Interreligiosa e Internacional para el Desarrollo.
Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿Cuál es el problema que quiere resolver el Gobierno Nacional con la formulación de una política pública para el sector religioso?
Por definición, una política pública es una acción en la que el Estado, cualquiera que sea su nivel de agregación territorial, mueve su aparato para resolver un problema catalogado como público.
Para que un problema sea catalogado como público, es decir, para que un problema social sea objeto de un debate político, ha de tener efectos negativos lo suficientemente importantes, que afecten a una cantidad significativa de personas por lo que, además de hacerse visible para la sociedad, es urgente que los actores estatales se muevan para resolverlo.
Ahora, revisando uno a uno los ejes propuestos, se evidencia que son problemas diferentes que poco o nada guardan relación entre sí y que incluso no es que sean verdaderos problemas públicos.
En Colombia, al igual que en América Latina, la libertad religiosa es algo común y corriente, tanto que lo que es raro es que no haya en cada barrio de cualquier ciudad o municipio al menos una casa donde se reúna alguna confesión religiosa, especialmente cristiana.
La libertad religiosa es un derecho consagrado en la Constitución Política y lejos está ya la persecución que en el marco de la guerra civil de la década de 1950 realizara la Iglesia Católica en contra de las iglesias protestantes-evangélicas-cristianas.
Y matar a algún pastor o líder religioso en estos días es tan exótico como reprochable socialmente ya que gracias a la libertad de religión de 1991, dicha minoría ha gozado de especial atención, gracias entre otras cosas, a la personería jurídica especial a la que las entidades religiosas tienen derecho y de la que el Ministerio del Interior lleva registro, que a la fecha está por el orden de 6347, de los cuales 134 están sin efectos jurídicos, lo que hace que en el país hayan 6213 entidades religiosas con personería jurídica vigente, muchas de las cuales llevan el nombre inicial de “Iglesia”.
Un problema verdaderamente real es la escasa participación ciudadana, no sólo de las minorías religiosas, sexuales y étnicas, sino de la población en general, cosa que la Ley 1757 de 2017 o Ley Estatutaria de Participación Ciudadana no ha resuelto de manera decidida, esperando entre otros temas, la apertura democrática que vendrá con el Acuerdo de Paz firmado con las FARC y dejarlo explícito para el Sector Religioso es reiterar la ineficacia estatal frente a los procesos de gobernanza.
Con respecto a la educación y formación confesional, verdaderamente si es un problema social, ya que considerando que hay 6200 entidades religiosas donde mínimamente hay un pastor que atiende a la feligresía, existe el alto riesgo de que alguno de esos 6 mil líderes espirituales pueda alimentar con cuanta porquería exegética le sale de su mente o esté formando ejércitos de fundamentalistas asesinos que pretendan derrocar, como guerrillas religiosas las libertades de las mayorías.
Con respecto a que el eje de la paz territorial quede explícito en la futura Política Pública integral del Sector Religioso, es un pleonasmo, ya que la ley 1757 de 2015 garantiza la participación en todos los sectores de la sociedad civil en los temas referentes al bien común y especialmente frente al tema de paz, la Ley 434 de 1998, que crea los Consejos Territoriales de Paz, garantiza la participación de las iglesias cristianas-no católicas y confesiones religiosas.
Finalmente, con respecto al eje de la Cooperación Interreligiosa e Internacional para el Desarrollo, sería interesante ver si realmente las agencias de cooperación internacional de ideología religiosa palpable, se dejarán poner en cintura por fin.
Ahora que el Gobierno Santos quiera darle estatus de problema público a la formación confesional y a la cooperación interreligiosa internacional, es la única novedad que tendría la futura política y bueno, que la libertad religiosa también sea un problema público, sería una manera de callarle el hocico a personajes como Oswaldo Ortíz con su cuento de la cristianofobia y a Arrazola con su estúpido argumento de persecución religiosa.
Finalmente, de los cinco ejes del problema “público” que pretende resolver el Estado Colombiano con respecto al Sector Religioso, todos son acciones gubernamentales que es deber del Estado realizar y que de hecho ya tiene las herramientas jurídicas para hacerlo, por lo que de pública e integral, dicha política sólo tendría el nombre.
Ahora, estimado lector, ¿Cuál cree usted que podría ser un problema verdaderamente público del sector religioso colombiano?
