Asistí con mucha alegría y compromiso a la conmemoración y celebración de los 31 años de existencia de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) llevada a cabo el 6 de febrero de 2019 en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá. Allí tuve oportunidad de encontrarme con viejos amigos defensores íntegros de los Derechos Humanos, con mujeres y hombres campesinos víctimas de los grupos armados que sin la más mínima consideración han atropellado sus tierras, sacrificado sus ganados, destruido sus escasas pertenencias y violado lo más valioso que tienen que son sus vidas.
Cuando su valiente director Gustavo Gallón, intervenía al cierre del evento académico y ante el doloroso recuerdo de las decenas de lideres de Derechos Humanos asesinados, no pudo contener el llanto y su voz se quebró. Un silencio profundo inundó la sala. Los recuerdos de gente buena, trabajadora, líderes de sus comunidades, hoy ausentes de la vida por la acción homicida de las bandas paramilitares que llenaron de sangre, dolor y muerte las zonas campesinas de nuestro país, se le vino en forma intempestiva a su memoria.
La historia de la – CCJ – Comisión Colombiana de Juristas, está íntimamente unida a la larga lucha que ha tenido que librar nuestra nación por construir una sociedad más humana, más solidaria, más respetuosa con los Derechos Humanos.
Bien lo dijo el Dr. Gallón, en su profunda intervención: “Abrimos nuestras puertas motivados por la grave crisis de derechos humanos que agobiaba entonces al país y que se expresaba en un régimen autoritario basado en el abuso del Estado de excepción, que generaba un agudo nivel de violencia sociopolítica, de impunidad y de exclusión social. El país vivía en estado de sitio cada tres años sobre cuatro, desde mediados del siglo. El numero de asesinatos por razones políticas, que en 1980 era de cien personas al año, había subido a mil en 1985 y se estabilizaría después de 1988 en 3.600 aproximadamente, es decir, diez personas cada día, en promedio: Tres de ellas en combate y siete en la calle, en la casa o en su lugar de trabajo. La tasa de impunidad por violaciones al derecho a la vida, a la libertad y a la integridad personal superaba el 99 por ciento…”
“…Los mecanismos nacionales de derechos humanos resultaban a todas luces insuficientes para hacer frente a este deterioro feroz del Estado de derecho. Decidimos entonces reforzar la contribución que pudiéramos brindar al mejoramiento de la situación de derechos humanos en el país mediante la activación de los instrumentos internacionales en derechos humanos y de derecho humanitario, lo cual era una tarea descomunal pero necesaria”.
La Comisión Colombiana de Juristas-CCJ- ha estado presente en todas las luchas políticas y jurídicas que ha adelantado la sociedad colombiana para no caer destrozada frente la arremetida, sin nombre, de la violencia y la maldad. Desde la creación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su instalación en Colombia desde 1997.
“La creación de la Corte Penal Internacional en 1988 y su entrada en vigencia para Colombia desde diciembre de 2002, así como el seguimiento constante a los derechos de los trabajadores y de la población indígena y afrocolombiana por parte de la Organización Internacional del Trabajo -la OIT-también ha ido completando el campo de observación y acompañamiento internacional para la reducción, la sanción y la reparación de las violaciones de derechos humanos en nuestro país”.
Son muchas las tribunas de defensa de los Derechos Humanos que mantiene la Comisión Colombiana de Juristas-CCJ- pero hay una que sacude mi corazón cada vez que la nombro y es esa masacre sistemática y cruel de lo que en forma eufemista dieron por llamar “falsos positivos”, cuando fue un genocidio de civiles mostrados falsamente como guerrilleros muertos en combate, a jóvenes colombianos llevados a la tortura y a la muerte con engaños de un mejor futuro, y si no hubiese sido por la entrega y el coraje mostrado por las “Madres de Soacha”, estos crímenes atroces hubiesen quedado en la impunidad. La sola cifra de mas de diez mil victimas inocentes en esta modalidad aterra a los organismos internacionales de Derechos Humanos.
Muchos logros en el proceso de ampliación de la democracia colombiana y el reconocimientos y respeto de los derechos civiles de los ciudadanos fueron alcanzados gracias a litigios jurídicos iniciados por la CCJ, defendiendo a ciudadanos atropellados en sus derechos fundamentales, procesos que terminaron en sentencias que reconocen y validan derechos civiles y sociales que hoy todos disfrutamos.
Yo quiero darle las gracias en nombre de nuestra sufrida Sociedad a la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- por las innumerables luchas que libró en la defensa inclaudicable de los Derechos Humanos.
