La recomendación más significativa que ha expresado el informe de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es, indudablemente referida a que la policía nacional debe ser una institución civilista y por lógica, debe estar adscrita al Ministerio del Interior como corresponde a los países democráticos y no continuar formando parte del Ministerio de la Defensa que mucho perjuicio le ha causado a la necesaria vocación civil y humanista que debe tener la Policía Nacional.
Y es apenas lógico. El permanecer atada a una concepción militar y guerrerista le quita todo el sustento a la posibilidad real de construir la verdadera cultura ciudadana donde se concreta una clara postura de promoción y defensa de los Derechos Humanos, que valga la pena decirlo, es el desafío central y fundamental que tienen todos los pueblos del mundo.
El gobierno de Duque, conocido el informe de la visita realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no puede, impunemente, desconocer las prudentes y sabias recomendaciones hechas por esta plausible Institución Internacional, que es guía universal, en la tarea de reconocer y defender los Derechos Humanos de todas las naciones que conforman la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU).
El gobierno de Duque tiene una idea muy laxa y acomodaticia a sus intereses de lo que es una verdadera política pública de Derechos Humanos y esta es una de las razones fundamentales que tuvieron para rechazar, en términos no diplomáticos, las loables propuestas de mejoramiento que hace la Comisión Interamericana.
Para nadie que analice imparcialmente el comportamiento del Estado en el paro pasado es indiscutible que “se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos incluyendo la fuerza letal”. Y agregó la Comisión: Se deben aplicar criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Y qué decir del exceso irracional de la fuerza que se les aplicó a las comunidades indígenas, donde el país vio horrorizado como civiles armados y protegidos por la policía, disparaban sus armas de fuego hiriendo de muerte a mujeres indígenas que días más tarde, fallecieron en los hospitales de Cali. En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dice de la violencia basada en la discriminación étnico racial en el marco de la protesta y llama la atención para anotar que “en algunas de las zonas donde se registró mayor tensión hay presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes.
Duque debería entender que el informe de la Comisión señala los aspectos nodales de la violación a los Derechos Humanos de los manifestantes en el paro nacional que son protegidos por la Constitución política colombiana y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Desde este punto de vista el senador McGovern y su bancada demócrata en el Congreso de los Estados Unidos está exigiéndole al presidente Biden que la policía colombiana tiene que ser sancionada ejemplarmente y en tal sentido, le solicitan suspender la ayuda económica que EE.UU. le entrega anualmente a Colombia.
