El terrible impacto emocional causado por las dramáticas imágenes de televisión que muestran cómo dos agentes de la policía nacional asesinan impunemente al joven abogado Javier Ordoñez, imágenes que le dieron la vuelta al mundo en contados minutos, y una ola de repudio se levantó exigiendo justicia, con el fin de que este acto criminal no fuese a quedar en silencio y acallado por la censura oficial. Pero allí no pararon las voces críticas con esta acción demencial de la policía, al día siguiente ahogó en sangre y disparos una sentida protesta que realizaban jóvenes bogotanos para rechazar este criminal acontecimiento, que desafortunadamente cayó en francas expresiones violentas.
Efectivamente estamos en el peor de los mundos posibles. Unos agentes de policía que olvidaron los más mínimos Derechos Humanos o nunca los habían conocido, arremetieron, como en los más oscuros episodios de la humanidad en contra de una población civil, que hacía uso de un derecho constitucional como lo es el derecho a la protesta. No hubo orden superior de usar las armas de fuego contra los manifestantes y todo parece concluir que por varias horas el Estado de Derecho estuvo derribado y sólo se escuchó el sonido mortal de las armas.
Este escalofriante proceder no puede volver a ocurrir y para ello es necesario que a esta institución se le imprima un cambio profundo y radical, que la convierta fundamentalmente en lo que desea la sociedad colombiana, una institución civilista, pedagógica, moderna y humanista, que no solo proteja a la sociedad, si no que ayude a resolver los grandes problemas sociales que nos estrangulan cotidianamente.
La concepción militarista que desafortunadamente acompaña hace años a la sociedad colombiana, ha hecho mucho daño a la institución policial y llegó el momento de iniciar su urgente transformación para convertirla en esa institución civilista que reclama la sociedad y supere la deficiente formación educativa de muchos de los agentes, que le impiden deberse en su totalidad a la sociedad civil, que es su razón de existir.
Una policía civilista que entienda que a la gente no se le puede maltratar bajo ninguna circunstancia, y que el delincuente tiene derechos que deben respetárselos. Superar esa propensión al abuso de la fuerza en el cumplimiento de someter a los que infringen la ley. Una visión civilista permitirá brindarles una buena formación académica a sus miembros, reformar radicalmente el pensum de estudios para que haya por fin juiciosas formaciones en Derechos Humanos, en Derecho de Gentes y conocimiento profundo de la Constitución Nacional y del Estado Social de Derecho.
Además, es el momento de capacitar a esa nueva policía en el conocimiento y funcionamiento de las estructuras cerebrales, que son en últimas instancias, las responsables del uso desmesurado de la fuerza frente al infractor que permanece indefenso. Este es el gran campo que han abierto las investigaciones neurológicas de científicos como Ledoux y Damasio y que ha difundido el psicólogo y profesor universitario Daniel Goleman con el título de la Inteligencia Emocional o IE.
El sustrato o base de la Inteligencia Emocional se expresa en el conocimiento y la explicación a lo que académicamente se conoce como “Síndrome de Secuestro Emocional” o “SISE”, que es el estado emocional en el cual la razón está secuestrada o bloqueada por la emoción, sometida ésta a grandes descargas de sustancias adrenérgicas por las situaciones conflictivas que está viviendo.
De este modo, la Policía Nacional en su conjunto debe constituirse en una organización inteligente, donde cada miembro sea seleccionado, entrenado y capacitado en el manejo adecuado de las emociones, para que en el momento del conflicto que le corresponde enfrentar, salga a la luz su profunda concepción humanista de comprensión y compasión por la población civil, quien vive necesidades no resueltas, que espera y necesita espacios para la expresión pacifica de sus inquietudes e inconformidades.
En conclusión, requerimos de una policía civilista que logre entender el inmenso desafío que le plantea la sociedad que requiere de su concurso para que ayude abrir el urgente diálogo entre todos, con el fin de construir un nuevo proyecto de nación basado en la ética, la justicia, la democracia, la solidaridad y la Paz. El Congreso de la República tiene la palabra.
