A mediados de los años setenta comenzaron los cultivos de coca en la Amazonía colombiana para extraer cocaína. Desde antes se cultivaba en el Perú y varios colombianos ya se habían involucrado en el negocio del tráfico y procesamiento del alcaloide. La historia de la naturaleza de la colonización y del conflicto armado en la región, así como de la fragilidad de las instituciones públicas y privadas en la Amazonia colombiana, fue una antes y es otra después de la consolidación de los cultivos de uso ilícito en la región a mediados de los años setenta del siglo pasado.
Con los Acuerdos de paz del Teatro Colón, suscritos entre las FARC y el Estado colombiano, existe la posibilidad, solo la posibilidad, de construir una “paz estable y duradera”, superar los cultivos de uso ilícito y, más importante, superar la cultura rentista y especulativa que se impuso en la Amazonía colombiana con los cultivos de coca y la corrupción. Quedaría solo la amenaza de la minería y la explotación de combustibles fósiles, antes de lograr un modelo de desarrollo humano sostenible para la Amazonía. Es decir un modelo que evite las tragedias como la de Mocoa y la guerra que no muere del todo.
Pero vamos despacio. Primero es la vida y la paz. Evitar que la barbarie de la guerra se repita. No obstante eso depende de lo segundo: sustituir la coca por producción legal, rentable y sostenible, y claro, acabar con la corrupción para que los recursos públicos alcancen y para que el Estado sea legítimo. Y lo tercero, que las formas de producir y consumir sean sustentables, que minimicen las destrucción del agua y la biodiversidad en la Amazonia.
Hubo tiempos en que el cultivo de coca era explicado y hasta justificado por muchos como causado por la demanda extranjera, en especial la gringa. Se agregaba que siendo un problema de los consumidores extranjeros, los productores nacionales y hasta los traficantes eran sencillamente personas que aprovechaban una oportunidad, a pesar del riesgo. Y las guerrillas alegaban que cobraban un porcentaje del negocio para financiar la lucha social y mantener la protección a los campesinos productores. Esos argumentos ya no pueden ser mantenidos. Veamos.
Ahora es claro que el consumo interno de coca está disparado y nos causa daño irreversible a las familias colombianas, no solo a las gringas. Aunque algunos traficantes y hasta pequeños campesinos pudieron lucrarse de la coca, el costo social por la descomposición de las familias y de las instituciones, incluyendo el poder ejecutivo, legislativo, judicial y las fuerzas del orden, por la violencia y la cultura mafiosa desatadas, es mucho mayor que las pingües ganancias de unos pocos mafiosos o la sobrevivencia precaria de otros oportunistas.
Hoy, en condiciones de paz política con las guerrillas, desaparece hasta la peregrina “justificación” de la protección de la coca para financiar la lucha social.
Hay que alertar contra analistas como Sergio Uribe, cínico-pesimistas, quienes creen que los Acuerdos de paz del Teatro Colón debieron concentrarse en desarmar a las FARC y nada que ver con las sustitución de cultivos. Como si no importara remover las causas del conflicto o de la reproducción del mismo. Por eso proponen seguir con el glifosato ventiado. De seguro tampoco les importa la Reforma Rural Integral y la ampliación de la democracia o la paz territorial.
Francisco Thoumi ha demostrado con suficiencia que las razones por las que hay cultivos de uso ilícito en Colombia no son estrictamente económicas, o geográficas o de carencia de represión. Tienen todo que ver con la naturaleza precaria y permisiva de nuestras instituciones y nuestra cultura, desde tiempos de la conquista y la colonia. La cultura del enriquecimiento fácil, del avivato y del rentimo.
Es por eso que el acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano para la sustitución voluntaria de coca, aunque constituye un avance sin precedentes en la forma de entender el problema y buscar su superación, resulta de muy difícil aplicación.
Lo progresista del acuerdo está en que el Estado ahora no enfrenta a los campesinos productores como criminales sino como ciudadanos sujetos de derechos y se concentra en perseguir a los traficantes. Y además, frente a los consumidores de estupefacientes adopta una política de salud pública. El riesgo es que ante la carencia de recursos y el temor al ruido político del uribismo y del trumpismo, mantenga una política de “focalización” de las acciones de sustitución voluntaria y de erradicación forzada en el resto. Eso es insostenible. Por qué focalizarse en zonas donde recién salieron las Farc? Pues en el resto del país crecerán los cultivos y los conflictos. Al contrario, se puede pactar no sembrar una hectárea más, con vigilancia confiable, y emprender una acción nacional de sustitución masiva, que incluya acciones en el ámbito cultural, contra la cultura traqueta y rentista, de inclusión política participativa de las comunidades campesinas, de paz territorial y de cultivos alternativos subsidiados, en el marco de la Reforma Rural Integral.
