En el Congreso de la República fue radicado uno de los proyectos más esperados dentro de la implementación de los Acuerdos de Paz y que pretende una Reforma Política de fondo que abra nuevos espacios de representación regional en el legislativo, la financiación de las campañas, así como el juzgamiento y el control electoral.
La iniciativa gubernamental recoge algunos de los puntos que hicieron parte de las recomendaciones formuladas por la Misión Electoral Especial, encargada de elaborar una reforma para asegurar, “una mayor autonomía e independencia de la organización electoral, incluyendo del Consejo Nacional Electoral o la institución que haga sus veces, y modernizar y hacer más transparente el sistema electoral, para de esa manera dar mayores garantías para la participación política en igualdad de condiciones y mejorar la calidad de la democracia”, según el punto 2.3.4 del Acuerdo
La Reforma Electoral ha tenido un apoyo más allá del Acuerdo de La Habana. En el punto 9 del Acuerdo XIX los Estados miembros del a Asociación de Organismos Electorales de América del Sur suscrito en Quito el pasado 14 de febrero de 2017 consideran vital una reestructuración de este sistema: “Acompañar el proceso de paz en Colombia, en especial con insumos para la reforma normativa, sobre la democracia, sistema electoral y el rediseño de la organización electoral”.
Hemos revisado a fondo esas propuestas y nos parece que la MEE hizo un estudio juicioso y de fondo. El congreso de la República debería tomar en serio las recomendaciones que ha hecho, teniendo en cuenta que el actual régimen electoral no funciona y hoy no tenemos una jurisdicción electoral que funcione.
La Registraduría. Creemos que es importante que esta entidad mantenga el registro civil de las personas, la organización de las elecciones y la conformación del censo electoral, aprovechando la experticia de esta entidad en la realización de elecciones y evitar mayores traumatismos en el desarrollo de los procesos electorales venideros.
La Jurisdicción Electoral. Me parece importante acoger la propuesta de la MEE que se cree esta instancia para la resolución de controversias y sanciones que afecten derechos políticos estará en manos de la Jurisdicción Electoral. Vale la pena insistir en la jurisdicción electoral teniendo en cuenta que podría garantizar celeridad, especialidad, y el principio de doble instancia. Actualmente, el Consejo de Estado (Contencioso Administrativo) tiene muchas cosas por estudiar y los procesos que se adelantan en la Sección Quinta demoran mucho tiempo en resolverse. Con esta jurisdicción sería un juez especializado el que resuelva estas demandas casos como inhabilidades o perdida de investidura en tiempo real y no en 5 años.
En estos casos también se debe incluir la doble instancia para garantizar los derechos del procesado. Además porque esta protección está reglada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Ratificado Colombia el 29 de octubre de 1969, adoptado mediante Ley 74 de 1968. En su artículo 14 numeral 5 establece que “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”. Así como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 Pacto de San José. Ratificada por la República de Colombia el 28 de mayo de 1973, adoptada mediante Ley 16 de 1972. En su artículo 8°, numeral 2, literal h) establece el Derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
Listas de los partidos. Es un tema polémico que tiene tanto de largo como de ancho. Estamos de acuerdo en que la reforma tiene que mejorar la calidad de la representación y fortalecer los partidos para lograr más mecanismos de unificación, de democracia y de participación. No hay que tenerle miedo al cambio esa es la realidad.
Estamos de acuerdo con las listas cerradas para Senado preservando el actual esquema previsto en la Constitución del 91 de elección en una única circunscripción nacional.
En el caso de la Cámara de Representantes se debe acoger la propuesta de un Sistema mixto: Circunscripciones plurinominales y distritos uninominales a través de listas cerradas y bloqueadas. Las circunscripciones plurinominales departamentales dan origen, entonces, a una representación de los asuntos del nivel departamental en el Congreso de la República. Esta representación privilegia aún más los departamentos que, por tener pocos habitantes y por consiguiente pocos representantes, no tienen el peso suficiente para que sus problemas reciban la atención adecuada en los debates de la cámara baja. Ese sistema mixto lo que hace es que a un representante lo eligen por población y por número de votos. Eso permitirá que la gente en las regiones pueda participar más. Adicionalmente, se fortalecerán los mecanismos de rendición de cuentas. Eso me parece valioso y podría funcionar, además los concejos municipales y las asambleas departamentales.
Con este tipo de listas se busca generar confianza en los partidos con base en las ideas. No hay unicidad de ideología, por eso suceden casos como el del referendo sobre adopción: nunca se citó a una bancada, ni se socializó el tema para tomar una decisión de partido. Incluso algunos respondieron con Biblia en mano para atender un debate que tenía estrictamente un orden constitucional, legal y político y nada tiene que ver con las creencias religiosas.
Periodos. Se ha dicho que se deben limitar a dos periodos en el Congreso de la República. Es una buena propuesta que ayuda a renovar el Congreso pues nos parece inconveniente que se sigan presentando casos como el de Roberto Gerlein, quien lleva 43 años. Eso lo que hace es enquistar la política y no le permita renovarse.
Edad para ser elegido. Nos parece inconveniente modificar la edad mínima para ser elegido Senador a 25 años y Representante a la Cámara 21 años. Para ser congresista se necesita preparación, tener conocimiento del sector público y una serie de habilidades que les permita un mejor desempeño. Proponemos, en cambio, que los jóvenes entre 18 y 24 años (que no sea mayor de 25 al momento de la inscripción) una circunscripción especial en la Cámara de Representantes, como el caso de las comunidades afrodescendientes.
Financiación. Creemos que es importante poner en marcha el sistema propuesto para racionalizar los gastos de las campañas a través del mantenimiento del modelo de financiamiento mixto pero garantizando un mayor porcentaje de financiación pública (directa e indirecta) reduciendo, a la vez, la financiación de origen privado. Aunque se mantiene la financiación privada, esta será mínima. Lo más importante es que haya un compromiso tanto del candidato como de su equipo de trabajo de que no van a permitir ingresos por encima de los topes y que en caso de comprobarse alguna irregularidad respondan directamente el propio candidato, el contador, el gerente o quienes hayan administrado la campaña.
Voto obligatorio. Nos parece que se debe tener en cuenta la propuesta de la CEE para establecer el voto obligatorio. He estado de acuerdo con el voto obligatorio dado los altos niveles de abstención en Colombia. El incentivo para los votantes no ha funcionado tenemos que lograr que el voto obligatorio vaya de la mano del voto electrónico, para lograr que efectivamente las personas cumplan con este deber ciudadano. Igual esto solo seria a partir del año 2022. Colombia es uno de los pocos países de América Latina donde el voto es obligatorio. Ya funciona en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Sobre No hay que olvidar que el voto es un deber y que ligado a la implementación del voto electrónico sería más fácil votar.
Destacamos que el Gobierno Nacional haya acogido la mayor parte de las propuestas presentadas por la Misión Especial Electoral que son analizadas en esta columna. Durante el estudio en el Congreso de la República esperamos dar nuestro aporte para que haya una verdadera reforma electoral.
¡Bienvenida la reforma! ¡Bienvenido el cambio en la política! Ojala esto realmente ayude no solo a cambiar las práctica política en Colombia sino al sostenimiento de la paz.
