He notado en las víctimas de las Farc frustración frente al reciente nombramiento de Yolanda Pinto como directora de la Unidad de Víctimas. Personalmente, me desilusiona, porque, aunque nos unió un fugaz (3 años) parentesco de afinidad (que terminó hace catorce años, cuando mi hermano Guillermo Gaviria Correa fue masacrado por las Farc), Pinto y quien suscribe estas líneas hemos tenido visiones totalmente opuestas en cuanto a las víctimas y sus derechos. Valga anotar algunos puntos:
– Hasta su reciente nombramiento, Pinto nunca desarrolló activismo alguno por la defensa de las víctimas, mientras yo, desde el secuestro de mi hermano Guillermo, inicié un intenso trabajo de sensibilización para la reparación y justicia a las víctimas, en eventos en distintos países. Recuerdo especialmente que, en Bogotá, acompañé a Diana Sofía Giraldo en el primer evento nacional por las víctimas (que fue insumo efectivo para la creación de la Ley de Víctimas) y que, a pesar de que este tuvo lugar en el Congreso y de que Yolanda Pinto en ese momento era senadora, no participó del mismo.
– Pinto nunca ha sido promotora del reconocimiento del derecho de las víctimas a la justicia, mientras que esta columnista lo ha defendido sin descanso, durante cada día de su trabajo en la comunidad.
– Pinto no se ha pronunciado por la dignidad de las víctimas, ante el atropello a las mismas que constituye el grueso del punto de Víctimas de los Acuerdos con las Farc, mientras que esta senadora lo ha denunciado en el Congreso, en los medios, en casi la totalidad de los departamentos del país y en el Exterior.
– Pinto no ha dado señal de alarma ante las amenazas y el daño a la integridad física a importantes líderes de las víctimas y a sus familias, mientras que nosotros los hemos acompañado en todo momento.
– Mientras nosotros hemos repetido sin cesar que víctimas y victimarios no pueden recibir el mismo trato, Pinto ha asumido una actitud complaciente y condescendiente con los victimarios. Recuerdo que, durante el secuestro de mi hermano Guillermo, cuando le enviábamos mensajes a través de Voces del Secuestro (dirigido por mi compañero de la lucha por las víctimas, Herbin Hoyos), me sorprendió siempre la familiaridad de Pinto con los secuestradores y posteriores asesinos de Guillermo: ella los llamaba «comandantes» y «camaradas», en una actitud casi cómplice, que indignaba a toda mi familia.
– Pinto no reconoce que la atención y reparación a las víctimas debe priorizar a las más necesitadas, mientras nosotros somos firmes defensores de este principio. Valga anotar que, al tiempo que mi familia y yo, como víctimas, renunciamos a cualquier reparación material para contribuir a una más veloz reparación de las víctimas que deben ser priorizadas, la señora Pinto demandó al Estado por 2.000 salarios mínimos mensuales (casi 1.500 millones de pesos). La demanda, actualmente en segunda instancia, en el Consejo de Estado, entró al despacho del consejero ponente, Carlos Alberto Zambrano Barrera, pocos días antes del nombramiento de Pinto en la Unidad de Víctimas.
La llegada de Pinto a la dirección de la Unidad de Víctimas preocupa no solamente por su nula trayectoria en el campo de servicio a las víctimas, sino por el panorama más que sombrío en el que se encuentra actualmente la entidad. De acuerdo con el informe que, hace unos días, presentó al Congreso la Comisión de Monitoreo a la Ley de Víctimas (integrada por la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General y la Mesa Nacional de Víctimas), el incumplimiento es general, no sólo en la implementación de las medidas de atención, asistencia y reparación integral, sino también en lo relacionado con el derecho a la participación y la restitución de derechos territoriales, siendo la situación todavía más dramática cuando se trata de reconocer los derechos de las minorías étnicas, de los adultos mayores y de las personas en condición de discapacidad a causa del conflicto.
Dice el informe que los recursos para las víctimas que no dependen del Sistema General de Participaciones, en vez de aumentar han disminuido. Y las cifras hablan por sí solas: Según la Procuraduría, ninguno de los 522 procesos de reparación colectiva incluidos en el registro ha culminado. Y, en cuanto a la reparación individual, el 93% de las víctimas registradas no han accedido a esta, mientras a sus victimarios el Gobierno sí les está cumpliendo.
Durante los catorce meses que duró la anterior administración de la Unidad no se suscribió ni un solo contrato para operar los 108 planes acordados con las víctimas. Y no nos alcanza el espacio para ahondar en la negligencia de la Unidad de Víctimas ante la vulnerabilidad de los líderes de víctimas en las regiones. Según la Defensoría del Pueblo, los homicidios de defensores de los derechos humanos y de líderes sociales, entre el 2016 y el pasado mes de julio, fueron 186.
“Estamos entrando en la bicicleta estática. Estamos sacando el quinto informe de Seguimiento a la Ley de Víctimas y este es el mismo informe de hace un año, de hace tres años, de hace cuatro y de hace cinco años”, se lamentó, al respecto, el Contralor General de la República. Estas mismas palabras son las que en cada rincón de nuestra geografía repiten las víctimas abandonadas, especialmente las de las Farc.
Esperamos que, en su nuevo puesto, Yolanda Pinto no se dedique a, como hicieron con ella, utilizar la institución que tiene que reparar a las víctimas para, inconcebiblemente, comprar conciencias con la entelequia de un proceso de paz que en nada ha tenido en cuenta a las víctimas.
Ojalá nuestro pronóstico falle, y la nueva directora se consagre con diligencia a mejorar la coordinación entre la Unidad y las organizaciones de víctimas; a amainar el suplicio que para estas representa la tramitología; a defender como sagrados los recursos, para que estos vayan a las víctimas y no se sigan quedando en gastos en burocracia y en publicidad; a priorizar a las víctimas más vulnerables y a exigir del Gobierno que ella representa protección pronta y adecuada para las víctimas amenazadas.
Mientras tanto, como la trayectoria de Pinto no nos da tranquilidad a las víctimas de las Farc, yo, que me he convertido en vocera de esas víctimas que no han sido compradas, garantizo, desde ahora, que seré la veedora más rigurosa de su gestión.
No podemos seguir quejándonos de los balances. Las víctimas necesitamos resultados.
