Una pandemia como la que estamos viviendo no puede ser pretexto para infringir los derechos y libertades fundamentales. Libertades arduamente conquistadas por generaciones y consignadas en nuestras leyes y Carta Constitucional. Las medidas extremas que toman nuestros gobernantes para enfrentar una crisis, a todas luces, compleja y novedosa, son muy arriesgadas.
En Colombia, en ciudades como Bogotá y Medellin, se han generado molestias y protestas por acciones de las autoridades locales que ponen en riesgo la seguridad del ciudadano al solicitarle, de manera compulsiva y no voluntaria, datos que son del resorte privado e íntimo del individuo y cuyas plataformas de recolección de datos no demuestra fortaleza ni claridad en la administración de esa información que está en los programas MEDELLIN ME CUIDA que se origina en Equipos Territoriales de Atención Integral Familiar, y BOGOTA CUIDADORA en la capital. El uso de la tecnología TTI, es decir Testing, Tracking, Isolation (prueba, rastreo, aislamiento) puede ser una buena idea importada pero el exagerado número de preguntas intimas y otras no necesarias confunden al ciudadano.
Si bien hay una buena intención con recopilar la mayor información posible sobre diferentes aspectos de los residentes y visitantes a las ciudades en esta crisis, también es cierto que hay intranquilidad en la población pues las políticas de privacidad que mencionan en sus plataformas son un saludo a la bandera. No en vano, en el caso de Medellin, ya han hecho varios ajustes a la política de privacidad y aun no genera confianza. Recién una ciudadana puso una tutela que salió a su favor reconociendo el exceso de intimidad que la autoridad solicitaba en el formulario. En Bogotá, hay un artículo en el Decreto mencionando que no responden por el uso de la información por terceras partes. Es decir, cero culpas o responsabilidades. Además, al parecer, expertos han detectado puntos de debilidad informática que un hacker especializado podría penetrar en las plataformas y copiar o sustraer los datos.
Más inquietante son las restricciones a las libertades individuales, incluida la privacidad, donde las autoridades aún no explican bien la bondad de este instrumento. Tanto es así que, a pocas horas de lanzada la plataforma en Bogotá, la alcaldía tuvo que reformular su implementación, por críticas recibidas de sectores de la ciudad incluyendo de sus seguidores. Pensar que, para salir cada vez al supermercado, cada día, había que registrarse, era ya demasiado. La pandemia no justifica todo y menos la improvisación. La plataforma de Medellin es un solo registro con datos sin confirmar y sus autoridades recién salieron a explicar las bondades del programa por una red social como si todos estuviéramos conectados a esa cuenta.
El rastreo de las personas jurídicamente violenta el estado de Derecho, es contrario a la Constitución y al derecho a la privacidad, viola la libertad de desplazamiento entre otros; no facilita el derecho al trabajo; y pone en riesgo la seguridad ciudadana pues pudiera ser usado con otra finalidad y se prestaría para el abuso de una autoridad irresponsable allanando el camino a una corrupción más grave de la que conocemos. No todo lo que funcione en otras culturas puede ser importado a nuestra ciudad o sociedad. Hay características demográficas, culturales y geográficas distintas. Es un mapa genético distinto. Por eso, es mejor no hacer cosas que parezcan buenas, que terminan malas.
PD: si esas bases de datos son construidas con dinero público, por ende, todo ciudadano debería tener acceso a su información.
