Luego de las asonadas por los abusos policiales con los que la Policía Nacional de los Colombianos ayudó a conmemorar el Día Nacional de los Derechos Humanos, fijado el día de la muerte de San Pedro Claver el 9 de septiembre de 1654, lo que vino después es tan deleznable como los asesinatos a mansalva en los que cayeron una decena de colombianos en el Distrito Capital.
Y es que los reclamos provenientes de todas partes por la autoría de los asesinatos, la pregunta de quién es el responsable máximo, de sí este responsable máximo existe y de sí es el Presidente de la República o su Jefe político, llevó a varios sectores, especialmente los de los extremos opuestos del espectro ideológico partidista colombiano a fustigar a la Alcaldesa Distrital sobre las acciones que ella tomaba sobre la masacre del 9 y 10 de septiembre.
Mientras que el extremo ideológicamente opuesto a los sectores políticos afines al partido de Gobierno, le endilgaban la responsabilidad de la masacre a la Alcaldesa, bajo el argumento que en la Constitución se afirma que el Alcalde es la autoridad máxima de policía en su respectivo territorio, sugiriendo que fue ella quien dio la orden de disparar; los sectores políticos afines al partido de Gobierno le exigían que militarizara la ciudad, ya que supuestamente esta había sido tomada por facciones terroristas que estaban sembrando caos y atentando contra la sacrosanta institución de los Centro de Atención Inmediata-CAI de la Policía Nacional.
Ante esta situación, ambos sectores no dudaron ni un instante en tildar de debilidad a la Alcaldesa. Unos por no asumir la jefatura de la Policía para detener la masacre y otros por no asumir la jefatura de la Policía para detener las asonadas contra bienes públicos, como los buses de Transmilenio y los CAI.
Pareciera que en una casi sistemática acción conjunta en redes sociales, se pretendía aumentar la presión sobre ella para que tomase una postura que le fuera del todo gusto a los intereses de aquellos.
Y lo lograron. De alguna manera.
El pasado domingo 13 de septiembre, la Alcaldesa realizó un acto de perdón hacia los familiares de los asesinados y le solicitó al Presidente de la República que asistiera, como jefe máximo de los generales de la Policía, adscrita al Ministerio de Guerra (que no es de Defensa Nacional), acción que buscaba iniciar el proceso de reconciliación social y política entre una ciudadanía asqueada y aterrorizada por la brutalidad policial desatada, que luego se sabría no procede de ninguna persona, sino de los procedimientos y los protocolos, es decir, de las reglas de juego que se le han impuesto desde la lógica del Ministerio de la Guerra, razón por la cual se enarbola como bandera la reforma a la Policía Nacional.
Sin embargo, ese acto, tampoco fue bien visto por los extremos opuestos.
Los unos y los otros veían en el acto de perdón y reconciliación, un acto político generado por una Alcaldía débil, insulsa y tramoyera.
El asunto es que es indudable que el perdón y la reconciliación en medio de un conflicto armado y de una sistemática acción violenta por parte de la Fuerza Pública hacia la sociedad civil que ejerce el humano derecho a la protesta y al disenso, ofrecida en este caso por parte del Distrito, como representante del Estado Colombiano en lo territorial, es un acto político, entendido como una acción nacida de una ideología; de no ser así, no se entiende entonces, porque hay unos partidos políticos que se la juegan por tumbar el Acuerdo del Teatro Colón entre el Estado Colombiano y la otrora insurgencia de las FARC.
Dicho acto de perdón y reconciliación, sirvió como acto de lanzamiento oficial de la campaña de la Alcaldesa por la reforma a la Policía Nacional, ya que sus reglas de juego, sus normas, no están en sintonía con la lógica de la seguridad ciudadana y la convivencia. Así mismo, sirvió para ratificar que desde la Alcaldía se seguirá exigiendo verdad y justicia para que las muertes del 9 y 10 no queden impunes.
Considerando estas circunstancias es imposible no pensar que los extremos políticos en estos momentos en el país, están tan sedientos por gobernar, tan ansiosos por tener una posición de poder dentro del Estado, que no permiten que haya expresiones ideológico-políticas distintas a ellas mismas en esas posiciones y los persiguen al punto de victimizarlos y con ello, ayudando a forjarles una imagen más aceptable ante la opinión pública.
Definitivamente, ante tanta persecución, tanta ira y resentimiento que expresan los extremos opuestos políticos colombianos no hay una frase que sintetice de mejor manera la reacción que generan y es que con esos hi… no se puede hacer nada.
