El país da la sensación de ser un barco sin rumbo en medio de procelosas aguas que amenazaban con llevarlo hasta el naufragio. Han sido días prolongados de angustias desde que los seguidores del Centro democrático anunciaron con bombos y platillos que “harían trizas los acuerdos de paz”, donde la mayoría de los colombianos de buena voluntad habíamos depositado las esperanzas de construir un país en paz y convivencia.
Aunque el presidente Duque dijo que respetaba los acuerdos de Paz firmados en la Habana, su postura práctica al presentar las objeciones al Acuerdo ante la Cámara y posteriormente ante el Senado, ratificaba con sibilina diplomacia lo que en el fondo han pedido con preocupante agresividad sus vociferantes seguidores.
El hecho que las mayorías de Cámara y Senado hayan aprobado la integridad de los Acuerdos de Paz firmados entre gobierno Santos y las Farc, creó en el gobierno actual y en las bancadas del Centro Democrático, una furia inusitada que los llevó a enfocar sus baterías contra la Jurisdicción Especial de Paz JEP que, valga la pena decirlo, ha sabido conducir con sindéresis, ponderación y conocimiento jurídico, las múltiples agresiones de que han hecho gala los enemigos acérrimos de la Paz.
Pero la gota que rebozó el vaso se presentó cuando la JEP, en sentencia de primera instancia negó la extradición a los EE.UU. y pidió la libertad del acusado, dirigente de las Farc y firmante de los Acuerdos de Paz, Jesús Santrich. Aquí fue Troya. El Establecimiento haciendo gala de un profundo desconocimiento a las normas del Estado Social de Derecho, que nos rige, comenzó un insistente torpedeo y negación a esta respetable sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, comenzando por el hecho bochornoso de la renuncia del fiscal. El presidente Duque, rompiendo la centenaria conducta de la imparcialidad de un presidente frente a sentencias respetables de las Cortes, entró vergonzosamente a tomar partido en contra de las determinaciones jurídicas, que buscan consolidar el Estado de Derecho y cerrarles las puertas a los enemigos acérrimos de la Paz.
La nación vivió y aun vive un crispamiento del cual no se tenía conocimiento desde hace muchos años. Por las redes sociales aparecían informaciones que expresaban una próxima decisión presidencial de declarar el estado de conmoción interior y que en medio de ella el presidente iba autorizar, en un verdadero gesto de dictador, la extradición de Jesús Santrich.
Estos inminentes acontecimientos impulsaron a decenas de mujeres y hombres, a senadores y representantes a la Cámara a trasladarse con urgencia hasta la penitenciaría de La Picota, donde estaba recluido el acusado, buscando infructuosamente acompañarlo en su libertad y si fuera necesario impedir su extradición que violaría la clara sentencia de la JEP.
Frente la negativa del sistema penitenciario a conceder la autorizada libertad, el grupo de abogados defensores instauró el recurso extraordinario de “habeas corpus” ante el Tribunal superior de Bogotá, que fue resuelto en forma satisfactoria, dentro del tiempo solicitado.
Ante la grave situación que vivía la nación, el presidente habló y pidió a los partidos políticos con asiento en el Congreso de la Republica, un respaldo político a su gestión frente al caso Santrich, pedido que fue considerada francamente violatorio al principio de Montesquieu, quien sostiene: El Estado de Derecho está fundamentado en la autonomía e independencia de los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial.
En sana jurisprudencia, los colombianos amantes y respetuosos del Estado social de derecho, debemos en claro acatamiento a nuestras normas jurídicas acogernos a una segunda instancia que debe producir la JEP, tal como lo ha planteado la Procuraduría general de la nación, que puede modificar, revocar o confirmar la sentencia de la primera instancia de la JEP.
Lo que, si no es de ley, es que la Fiscalía en claro atropello a las decisiones de la JEP haya puesto bajo detención nuevamente al acusado. Solo la JEP puede en ley decidir el futuro judicial de Jesús Santrich.
El país espera una solución jurídica al caos que padecemos, y en esta forma, rescatar la viabilidad de la Jurisdicción Especial de Paz JEP y las esperanzas que animaron los Acuerdos de Paz.
