Sobre la reciente carta de la Conferencia Episcopal Colombiana en la cual, manifiesta oponerse a la decisión del Congreso de la República, en relación con el archivo del proyecto de referendo para evitar adopción de parejas del mismo sexo; sin duda es respetable, pues en este país, es dable opinar como consideremos.
Pero el tono y el momento suenan poco cortés, sin duda desconoce no solo las nuevas realidades de país sino la sentencia C-683/15 de la Corte Constitucional en la que señaló que “no es constitucionalmente válido excluir de los procesos de adopción a las parejas del mismo sexo que conforman una familia”.
Nada más alejado a la realidad considerar que la negación del referendo hace parte de la “implantación en el país de una cultura política y jurisprudencial que desconoce el valor sagrado y la dignidad de la vida humana y de la familia” o considerar que la adopción “no es un derecho de los adultos adoptantes, sino un derecho de los niños a tener una familia conformada por la unión entre hombre y mujer”, como lo afirman.
En la sentencia mencionada, el Alto Tribunal advirtió además que frente a la adopción por parte de parejas del mismo sexo “es facultad del Congreso determinar los efectos de la adopción estableciendo quiénes pueden ser adoptantes”. Esta será una tarea que en algùn momento deberà emprender el legislativo, de la misma manera que actualmente se está revisando el Código de Infancia y Adolescencia, en aras de agilizar los procedimientos y los tiempos para que los niños no tengan que padecer años, esperando en instituciones y/o fundaciones encargados de encontrarles familia que les brinde amor, protección y al menos, la perspectiva de un mejor futuro.
Pero reitero, lo que no está en juego es el concepto de familia. El debate se centra es si es posible discriminar tanto a los ciudadanos solteros o a parejas del mismo sexo a adoptar. Y vale la pena tener presente que existen en trámite muy pocas solicitudes pendientes de parejas del mismo sexo (8) a mayo de 2017 y otras pocas personas solteras. Por qué armar semajante debate y abrir a todos los colombianos, desconociendo que solo el 37% aproximadamente son parejas heterosexuales, parejas estas que por demás son las que han dejado a los niños abandonados. De manera que no es cierto que el mejor esquema sea el de “Papá y Mamá” exclusivamente; el resto de las familias, son diversas, y en ese sentido impedir la adopción o dejarla sólo para unos, resulta abiertamente discriminatorio. Lo que necesitan los niños es amor, cuidado, protección, seguridad; por qué impedir que estos compatriotas puedan adoptar si tienen el compromiso de cobijar en su hogar a niños abandonados. El Santo Padre ha dicho sobre los homosexuales que: “si Dios no juzga, él tampoco”; por qué entonces algunos sectores de la iglesia en Colombia se meten en algo que lo que hace es alejar fieles; lo hicieron en un primer momento con parejas de divorciados y separadas, a quienes les tocaba irse a Panamá u otros países para poderse separar legalmente, y ahora se pretendía enviar el mensaje al 46% de las familias que son comandadas por una mujer o un hombre solteros, viudos o separados a decirle que sus familias, que igual son el resultado del conflicto, la violencia, la irresponsabilidad mayoritariamente masculina: decirles que es que son familias de segunda clase. La iglesia Católica, en pleno siglo 21, en un país mayoritariamente católico, enviar semejante mensaje tan retardatario? parece absurdo; máxime cuando va a venir a Colombia en septiembre el Papa Francisco, justamente para apoyar no solo la Paz, sino los valores de la reconciliación, la tolerancia, el amor por el otro, el sentido de la solidaridad, etc.
En su carta, la Conferencia Episcopal también cuestiona, en todo su derecho, otras decisiones que se han tomado en la Corte Constitucional en materia de aborto y eutanasia al considerar que “el respeto y defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural; la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer; la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas no son negociables”.
“El aborto siempre será la eliminación violenta e injusta de la vida por nacer”, advierte el documento de la iglesia católica. Estamos de acuerdo en reconocer el máximo valor de la vida, pero la Corte Constitucional también fijó límites a la interrupción voluntaria del embarazo.
El Alto Tribunal mediante sentencia C355/06 despenalizó el aborto cuando el embarazo es resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal violento, abusivo, debidamente denunciado, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto; cuando está en peligro la vida de la madre y cuando el feto tiene malformaciones.
“La eutanasia es un crimen, aunque se califique de muerte digna”, señala el documento de la Conferencia Episcopal. Es respetable, esta posición pero tampoco se puede desconocer la decisión de la Corte Constitucional en esta materia a través de la Sentencia T-970/14 en la que se establece que en Colombia pueden solicitar este suicidio asistido las personas que padezcan enfermedades terminales y dolorosas y que tengan plena conciencia de que prefieren morir a vivir en esa condición, que atenta contra su dignidad humana.
De otra parte, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-350/94 al declarar inexequible la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús señaló que “un Estado que se define como ontológicamente pluralista en materia religiosa y que además reconoce la igualdad entre todas las religiones no puede al mismo tiempo consagrar una religión oficial o establecer la preeminencia jurídica de ciertos credos religiosos. Es por consiguiente un Estado laico”.
Se puede estar o no de acuerdo con estas determinaciones de la Corte en materia de adopción, aborto y eutanasia pero considerar que hace parte de una estrategia para desconocer el valor sagrado de la vida humana y de la familia es pasar por alto flagrantemente que en Colombia estamos en un Estado laico. Alzarse contra el congreso cuando ni siquiera se está legislando sobre estas materias, es estar desinformando sobre la realidad legislativa.
Soy católica, y me encanta mi fe, y mi religión, pero debo reconocer que en ciertos momentos hay pronunciamientos de algunos de los altos prelados que no se compadecen con la situación del país, ni con la necesidad de los fieles de encontrar alivio a sus inquietudes más internas; y que por el contrario, con este tipo de pronunciamientos se ven sometidos a sojuzgamento y discriminación. Nada más alejado del papel de la iglesia, que sin duda como la propia Biblia lo dice y el padre nuestro lo reza, sería promover el amor al prójimo como asi mismo, perdonar a aquellos que nos ofenden y podría citar cientos de versículos en los cuales se nos invita más a elevar nuestra alma y nuestro espíritu. Estamos en un Estado laico, por qué pretender divorciar nuestra fe, de nuestras instituciones y preceptos constitucionales y crear más dilemas existenciales de los que por sí ya tenemos en razon del conflicto que apenas estamos tratando de superar?
Los invito con el corazón a la reflexión, a la compasión y a profesar el amor y la caridad con los propios que son nuestro prójimo.
