A pesar de los esfuerzos que se han venido haciendo para solucionar la crisis carcelaria en el país, esta sigue siendo crítica. Son varios los aspectos que han llevado a ese estado y sobre los cuales es necesario prestar atención para buscar una salida urgente.
Política Criminal. La ausencia de una política criminal clara ha sido uno de los factores que ha llevado a que las cárceles mantengan alto niveles de hacinamiento. Hace falta una articulación de las propuestas sobre los delitos que deben ser o no criminalizados. Iniciativas que en muchos casos pasan por el Congreso de la República.
Aunque el Consejo de Política Criminal es el encargado de “emitir concepto previo, no vinculante, sobre todos los proyectos de ley y de acto legislativo, que se encuentran en etapa de diseño, y antes de su trámite en el Congreso de la República, que incidan en la política criminal y en el funcionamiento del sistema Justicia Penal. Así como “preparar proyectos ley para adecuar la normatividad a la política criminal y penitenciaria Estado y al Ministerio de Justicia y del Derecho, para que éste estime la procedencia de su radicación”, en muchas ocasiones sus integrantes no se reúnen asiduamente.
Ese organismo, del que hacen parte, entre otros el Gobierno Nacional, la Rama Judicial, el Congreso de la República y la Fiscalía, estudia actualmente una propuesta para despenalizar algunas conductas como la inasistencia alimentaria para reducir el hacinamiento carcelario. Anualmente se presentan en el país 100.000 denuncias por inasistencia alimentaria.
Este delito cuando es cometido contra menores de edad tiene una pena de 32 a 72 meses, por lo que “es tan absurdo el tratamiento que hoy tiene la ley, donde se le exige al moroso que se vaya para la cárcel y el Estado se asegura que nunca va a poder cumplir con las obligaciones alimentarias” reconoció el Fiscal.
HACINAMIENTO. Los centros penitenciarios mantienen un alto nivel de hacinamiento que supera el 54.5%, ya que en los centros penitenciarios hay una capacidad real de 78.077 cupos, mientras la población actual llega a los 120.668 presos, según un informe del INPEC.
El sobrecupo genera una enorme preocupación porque a pesar de las órdenes de la Corte Constitucional para solucionar esta problemática contenidas en tres fallos emitidos entre 1985 y 2015 cuando se declaró el estado de cosas inconstitucional por la violación de los Derechos Humanos, la situación sigue siendo grave. Para el Alto Tribunal se vulneran los derechos fundamentales a cerca de 24.107 reclusos, de los más de 120 mil aproximados en todo el país.
Construcción cárceles. Una de las salidas a la crisis carcelaria es la construcción de nuevos centros penitenciarios y adecuación de los existentes para ampliar el número de cupos que permita reducir el hacinamiento. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda entre 2013 y 2016 se invirtió cerca de un billón de pesos. 2013: $ 233.900 millones; 2014: $ 209.798 millones; 2015: $ 205.519 millones y 2016: $ 299.500 millones.
Esto permitió entregar entre 2104 y 2015 un total de 3.336 cupos nuevos y para 2016 el número de cupos proyectados ascendió a 4.457 cupos. Para 2017 y 2018 se esperan crear 4.484 nuevos cupos. Se trata de un gran esfuerzo pero ¿qué va a pasar con los restantes 37 mil presos que necesitan un sistema penitenciario que les permita cumplir sus penas en condiciones humanas dignas? A pesar de que ha aumentado la inversión esta sigue siendo deficiente para atender sentencia Corte Constitucional.
Salud. Tampoco han sido subsanadas problemáticas como la salud como lo advirtió el Alto Tribunal ya que se mantienen las quejas constantes por falta de atención que, en algunos casos, han conllevado a la muerte de presos por las deficiencias en la prestación de servicios médicos. De los 138 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), 22 cuentan con servicio médico las 24 horas del día.
Sin embargo, según el INPEC toda la población carcelaria está cubierta a través del Fondo Nacional de Salud, dentro de un modelo que se encuentra en proceso de implementación por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios. La atención básica de los presos la adelantan 164 médicos generales, 101 enfermeras profesionales y 335 auxiliares de enfermería. Cuando se requiere se contratan médicos especialistas.
Alimentación. Un tema que no puede pasar desapercibido es el contrato para el servicio de alimentos.
Ese es un contrato que vale más de $ 400.000 millones que será adjudicado próximamente por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios del INPEC. El portal Confidencial Colombia reveló una denuncia en la que se advierte que se hizo un “cambio en el proceso de adjudicación, específicamente, en la reducción del índice de endeudamiento de 70% a 45%, cuando las licitaciones más grandes del país exigen un índice de endeudamiento de hasta el 70%”. La publicación señala, además, que en la demanda “se advierte sobre la reducción de proponentes que normalmente estaba alrededor de 28 a 30 y el actual proceso sólo cuenta con 19 grupos entre los cuales se distribuirán los 400.000 millones que vale el servicio de alimentación en los centros penitenciaros del país”.
Guardianes. Dentro de una salida a la problemática carcelaria se deben tener en cuenta a los guardianes del IPEC que han venido solicitando una mejora en las condiciones laborales. Han pedido que se contrate una planta adicional y se le ajusten jornadas laborales. El sindicato de guardianes ha solicitado establecer un seguro de vida, regular el tema de la jornada laboral, ya que trabajan 96 horas a la semana, ampliar la planta de personal porque, en su concepto, hacen falta cerca de 12 mil funcionarios de vigilancia.
Se ha venido avanzando en el cumplimiento de la sentencias T153-1998 T338-2013 T762–2015 de la Corte Constitucional pero ¿hasta cuándo seguirá el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y Carcelario?
