El gobierno moderno es aquel que gobierna a través de políticas públicas, que son el conjunto de decisiones que pretenden dar respuesta a situaciones socialmente problemáticas y que comprometen a una o varias instituciones del Estado y dichas decisiones deben traducirse en acciones que buscan incidir sobre el problema, su entorno y sus consecuencias.
Ahora bien, sobre el tema de hacer frente a los fenómenos de criminalidad y que se traduce con frecuencia en la denominada ‘política criminal’, lo que hemos presenciado en nuestro país en las últimas décadas es una inestabilidad –coloquialmente denominada bandazos- y que reflejan parte del grave problema. Es frecuente encontrar que pasamos de momentos en los cuales se busca despenalizar ciertas conductas delictivas y darles tratamiento de contravenciones, unos años después se pretende todo lo contrario, penalizar todo tipo de conductas delictivas con la idea, muy en boga en el pasado de las sociedades, que la cárcel actúa como factor de disuasión. Como de manera coloquial se escucha con frecuencia, depende del talante del Ministro de Justicia de turno o del Fiscal de turno –a propósito no parecen claros los límites y roles de estos funcionarios; en teoría se supone que el Ministro, como parte del Ejecutivo es quién debería definir los derroteros de la misma y el Fiscal sería una instancia fundamentalmente ejecutora-, si se pretende darle tratamiento carcelario a todas las conductas infractoras o por el contrario se busca manejarlas con sanciones no privativas de la libertad, penas alternativas. Esto incide, sin duda en la judicialización de conductas y en la congestión del sistema judicial, con todos los efectos que esto conlleva,
Pero esto también repercute en otra dimensión de esa política, la carcelaria, que a su vez se refleja en el hacinamiento de los centros de reclusión, donde se terminan violando muchos de los derechos humanos de los ciudadanos que han sido privados de la libertad. Lo anterior, tiene como resultado suponer que la prioridad es dedicar recursos importantes del presupuesto nacional para construir establecimientos carcelarios.
No hay duda que a esto requiere darle un tratamiento serio, especialmente en un momento tan importante como el actual, en que se intenta dejar atrás el conflicto interno armado. Pero para ello se requiere un manejo de Política Pública de Estado, que mire el problema no en función de lo coyuntural, sino como respuestas de mediano y largo plazo. Que parta de hacer una lectura precisa y seria de los comportamientos delictivos, sus tendencias, los distintos tipos de criminalidad, cuál es la decisión de penalización que se va a dar frente a cada tipo de criminalidad, carcelaria o extramural, sancionatoria en términos económicos, etc y cómo va a operar el sistema policivo, judicial y carcelario. Y por supuesto, requiere destinación de los recursos presupuestales para implementar dicha política. La instancia para hacer esto podría ser el Consejo Superior de Política Criminal, aunque su composición no parece ser necesariamente la mejor para esto.
Sólo una Política Pública Criminal coherente, que sea producto de decisiones consensuadas entre los actores relevantes, permitirá tener unas directrices y orientaciones de política estables y sobre todo garantizar que el denominado ‘populismo punitivo’ no sea la respuesta de coyuntura de los gobernante que buscan resolver situaciones complejas de coyuntura con decisiones más mediáticas que realmente eficaces.
