La fatídica noche cuando la fuerza policial arremetió con su poder letal en contra de los manifestantes quienes protestaban frente a la Reforma Tributaria y se llevaba por las narices todos los Derechos Humanos con su bárbaro proceder, apareció en televisión el presidente Duque para informar a los colombianos de la grave situación que se presentaba en varias ciudades, a saber: Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y otras.
Con semblante adusto comunicaba el presidente que en su condición de comandante supremo de las fuerzas armadas había dado orden a las fuerzas militares para asumir el control de las ciudades y de las manifestaciones, olvidando que las fuerzas militares no están para reprimir la protesta ciudadana. Buscando infundir miedo se hizo acompañar por el “tropero” General Zapateiro, comandante de las fuerzas militares de Colombia.
Ya, en ese momento olvidaba el presidente Duque que Colombia es un Estado Social de Derecho, sometido al sagrado cumplimiento de la Constitución Política donde en forma clara y taxativa se reconoce en su totalidad todo el articulado de los Derechos Humanos que guarda y vigila, celosamente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La respuesta de defensa a los Derechos Humanos de los colombianos no se hizo esperar. Las Naciones Unidas y la OEA manifestaron en sendos comunicados su preocupación y pidieron con una serie de países, incluido Argentina, la necesidad urgente que el gobierno de Duque exigiera a las fuerzas policiales cesar en una respuesta letal y violatoria a los derechos Humanos, frente a la protesta ciudadana, reconocida por la Constitución y por los derechos Humanos de todos los países democráticos del mundo.
Sin duda la reacción más significativa llegó del Congreso de los Estados Unidos, de la Cámara de Representantes, del presidente de la Comisión de DD. HH. El congresista Jim Mcgovern, fue muy claro en rechazar la violencia que la policía de Colombia estaba utilizando contra manifestantes que marchaban en forma pacífica, según sus propias palabras. Fue claro, al censurar a las autoridades colombianas por dar respuestas violentas a los jóvenes que se manifestaban en ciudades que el conocía como Bogotá, Cali, Medellín y Pereira, donde la represión policial era desmesuradamente violenta. Les recordó a las autoridades colombianas que “la protesta pacífica es la base de la democracia” y pidió en términos severos detener la violencia policial y la brutalidad en Colombia que era mucho mas grave que la violencia que había generado la policía en los Estados Unidos, en los últimos enfrentamientos con manifestantes afros, en las protestas pacíficas.
Fue enfático en recordarle al gobierno de Duque que no se fuera a equivocar creyendo que todavía Donald Trump era el presidente de los Estados Unidos. No señor, al frente de la presidencia se encuentra un demócrata como Joe Biden, defensor de los Derechos Humanos y a quien, con toda seguridad, esta violencia policial sobre jóvenes manifestantes pacíficos le iba a doler en su corazón.
En consecuencia, solicitará al presidente Biden no aprobar recursos económicos para la policía ni para los militares colombianos, pues era claro que estaban utilizando esos recursos para agredir violentamente a los manifestantes quienes protestaban por aumento de los impuestos sobre sus menguados salarios, y esto es una actitud muy democrática y respaldada por las Constituciones políticas.
Remató diciendo que el dinero de los impuestos que pagan los contribuyentes norteamericanos no puede terminar utilizados en la violación de los Derechos Humanos de las sociedades que protestan por malos gobiernos.
Ya quedaron advertidos Duque, Zapateiro y las fuerzas militares y policivas. El Congreso de los Estados Unidos no les va a permitir que las protestas ciudadanas pacificas sean reprimidas con esta violencia y brutalidad que hemos visto y sentido los colombianos y que ha dejado, a lo largo y ancho del territorio, mas de 25 homicidios de gente joven, centenares de heridos y desaparecidos. Sin protesta pacífica no hay democracia.
