Ante la aguda situación que viven defensores y defensoras de derechos humanos en el país, encontramos que el gobierno nacional, en cabeza del ministro de defensa Luis Carlos Villegas, planteó el pasado 18 de enero de 2017 en declaraciones entregadas en RCN radio, que los asesinatos a líderes y lideresas sociales en el país no son sistemáticos, “No hay paramilitares, así que aceptar eso es darle garantías políticas a quienes no las merecen. Hay asesinatos pero no son sistemáticos, si lo fueran sería el primero en aceptarlo”. Mientras que el 24 de enero de este mismo año, el ministerio del interior emitió un comunicado a todos los medios de comunicación frente a esta situación, «las instituciones del Estado se encuentran adelantando todas las acciones necesarias para proteger la vida de cada uno de los colombianos y no se ahorrará ningún esfuerzo en esta materia», indicó el Ministerio. Pero de declaración en declaración el estado se la ha pasado desde meses atrás sin que hasta el momento haya resultados públicos de judicialización a los autores de estos asesinatos. Para recordar en noviembre del año pasado (2016) el presidente Santos convoco a una reunión con todos sus ministerios para evaluar la situación de violencia y asesinatos con defensores, y hacer frente a estas situaciones, de lo cual no se han visto visiblemente resultados en la judicialización de los responsables, con lo cual permanece la impunidad, se sigue estigmatizando el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, y se le resta importancia a estas situaciones.
Al finalizar el año 2016, el año en el que se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla más antigua del continente, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno nacional, distintas organizaciones de derechos humanos cifran entre 60 y 117 las personas muertas que ejercían liderazgo y defensa de derechos humanos en sus territorios. Y aunque hay diferencias en el número de asesinatos, en la mayoría de casos hay coincidencias: líder o lideresa social, votó Sí en el plebiscito y estaba ligado con reclamaciones a tierras, o denunciando elementos de corrupción.
Hoy, habiendo pasado ya el primer trimestre del año 2017, el contexto para defensoras y defensoras en Colombia se ha agudizado aún más. El balance que realiza la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, es que desde el pasado 1 de diciembre se ha elevado a un total de 158 los asesinatos a la fecha de líderes sociales asesinados.
Líderes sociales asesinados desde el primero de diciembre, día en el que el Congreso refrendó el acuerdo de paz con las Farc:
Dentro de estos casos reportados en prensa y por las autoridades estatales, 6 han sido registrados en la Región Caribe (Atlántico, Bolívar, Córdoba y Cesar). Todos estos hechos se suman a los actos de amenaza y amedrentamiento que realizan grupos a través de panfletos y en donde se estigmatiza el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos, y que no son tan públicas y visibles como las mencionadas anteriormente.
Ante estas situaciones muchos organismos internacionales han hecho públicas sus preocupaciones, siendo la más reciente las declaraciones de Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja CICR, quién en rueda de prensa en la ciudad de Bogotá se mostró preocupado por los recientes asesinatos de líderes sociales en el país, en el marco de la implementación del acuerdo de paz.
