Han sido semanas difíciles en la política colombiana, lamentablemente consideramos que son semanas difíciles para la institucionalidad. Las revelaciones sobre el Fiscal General, y el posterior video del senador Petro, recibiendo dinero en efectivo (para desviar el debate sobre el Fiscal), generan muchas preguntas sobre la labor de las instituciones del país.
Planteamos la pregunta ¿Qué es más ilegal, que alguien robe 20 millones o 50 mil millones?, la respuesta a esa pregunta no puede ser justificar a un actor u otro. Al final si algo después de una investigación es ilegal, debe tener una sanción social por el hecho de la ilegalidad y no por el monto, aunque en materia penal pueda ser distinto.
Tampoco podemos desviar un debate, afirmar que un video de un senador recibiendo efectivo, lo inhabilita para hablar de Odebrecht, o al resto del país a pedir las explicaciones del caso al Fiscal.
El ejercicio de esclarecer hechos que están en investigación, de solicitar transparencia a nuestras instituciones, no puede pasar por justificar a nadie, nadie en Colombia debe escapar a la vigilante mirada ciudadana y al equilibrio de poderes.
Permitir que unos u otros dejen el manto de duda sobre sus actuaciones, colocando como escudo la presumible ilegalidad de su contradictor, no es el camino en una democracia, y un país que pide más legalidad, justicia y lucha eficaz contra la corrupción.
Petro ya se ha lanzado a los medios a dar las explicaciones del caso, al igual que el Fiscal dio su versión ante medios tan importantes como El País de España, ahora debemos exigir lo propio a las investigaciones para no dejar dudas sobre nuestras instituciones y su deber con los colombianos.
