El debate por las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP ha provocado una fuerte división en la clase política, y una prolongación de la polarización en el país.
Aunque dichas objeciones son importantes, y se deben atender, también cabe resaltar la situación de todos los demás puntos del acuerdo que deben ser implementados, por ejemplo, 13.193 personas han entregado las armas, de esas 92 han sido asesinadas, y de 1.200 no sabemos dónde están, como parte de un informe entregado por la revista Semana.
Todo es crucial en este debate, desde la restitución de cultivos, los recursos para proyectos productivos de los excombatientes, garantizar a otros su seguridad y oportunidades laborales, e incluso trabajar en la presencia efectiva del Estado en esos territorios.
Otro tema preocupante es la financiación de la implementación de los Acuerdos de paz en el Plan Nacional de Desarrollo, que desagregaría los recursos para la paz entre los destinados para otros sectores (37 billones en total), afirmando que esos se usarían para ese propósito, y que los recursos destinados solo representan cerca del 30% de los estimados necesarios para esa implementación.
Aunque el debate alrededor de la JEP es relevante, la paz del país depende de cumplir con la palabra empeñada como Estado, en todos los puntos, desde cumplirle a las víctimas, hasta cumplirle a los excombatientes, y además cumplirles a las poblaciones que necesitan que llegue el Estado. Es la paz del país la que está en juego.
