Lo que ocurrió con el periodista Nicholas Casey es la representación perfecta de la forma como se sacrifica la libertad de prensa en medio de una fuerte polarización política. En medio de la tormenta generada por su publicación en el New York Times (NYT), donde afirmaba que en el Ejército habían regresado las directrices que provocaron durante el gobierno Uribe los falsos positivos, Casey decidió salir de Colombia luego de un tweet de la senadora María Fernanda Cabal, donde insinúa que las FARC le pagaron al periodista para hacer esta nota y otra en 2016.
En el tweet, la senadora Cabal publica una foto de dos hombres en una moto, y da a entender que el parrillero es Casey, quien sostiene una cámara que tapa su rostro, mientras el conductor de la moto está vestido con el uniforme de la guerrilla.
Ahora conocemos que la foto es realmente la “Fake news”, pues el parrillero de la moto es el fotógrafo Federico Ríos Escobar, quien la publicó en su cuenta de Instagram en marzo de 2016, es decir, nada tiene que ver Casey con ella. Y lo anterior, sumado con la afirmación sin pruebas de que las FARC pagaron al periodista del NYT para hacer una nota o dos notas sobre ellos, crearon una ola de mentiras e inexactitudes que replicaron congresistas como Juan David Vélez y Juan Manuel Daza.
Grave y reprobable, el hecho de que congresistas publiquen información falsa, la repliquen, la usen para intimidar a un periodista sin confirmar el origen de la información o foto, y luego no salgan a rectificar y pedir las excusas del caso, constituyen un verdadero ataque a la libertad de prensa.
Vergüenza, es lo que deberían sentir aquellos que replicaron el tweet de la senadora María Fernanda Cabal, y sin pruebas atacaron a Casey, y vergüenza debería también sentir el país en general si no se sanciona este tipo de conductas. ¿Cómo es posible que una persona difunda mentiras contra un periodista provocando su salida del país, sin ninguna consecuencia? Un caso para reflexionar.
