Un gran mito que se alza contra la Jurisdicción Especial de Paz, es que está legitimando una especie de impunidad contra los exguerrilleros, y que por lo tanto debe derogarse.
De hecho, se están recolectado firmas para no solo acabar con este mecanismo de justicia transicional, además, se busca tumbar a los magistrados de las altas cortes, como si los problemas en la justicia se corrigieran cambiando nombres.
La justicia, al igual que las instituciones que la componen, no solo garantizan el funcionamiento del Estado, adicionalmente, garantizan que se puedan dirimir las controversias y posibles vicios que una sociedad enfrenta, y en el caso de la Rama Judicial, esto ocurre sin una elección popular de sus miembros, pues la justicia, a diferencia de las decisiones legislativas y ejecutivas, no necesariamente deben gozar de popularidad por el sentido en el que, por ejemplo, condenan o absuelven a alguien, por el contrario, es la rama del poder que por encima de un querer popular que podría estar mal informado, viciado, o manipulado, protege a todas las instituciones con decisiones que muchas veces son todo, menos populares.
El caso de la Jurisdicción Especial de paz, es emblemático, no solo retiró los beneficios de El Paisa por incumplimiento (entre otros guerrilleros), también tiene abierto un incidente contra Iván Márquez, y está resolviendo la situación de Santrich en segunda instancia, en resumen, es una institución en funcionamiento, que busca impedir a toda costa la impunidad en cabeza de estas personas, pero al mismo tiempo, hacerlo bajo las reglas de un Estado Social de Derecho.
Las altas cortes han tomado importantes decisiones, llevar a la cárcel a políticos que se consideraban intocables en el caso de la Corte Suprema de Justicia, como en la parapolítica, salvaguardar los derechos consagrados en la constitución, como todas las sentencias de la Corte Constitucional que han salvado vidas a través de la tutela, o derogar artículos de leyes que atentan contra la igualdad, y por supuesto, tumbar de su cargo a los políticos que han incumplido, como la pérdida de investidura de tantos otros que han cometido delitos, y terminan sin curul e inhabilitados gracias al Consejo de Estado.
Entonces ¿Qué se pretende con atacar la justicia?
La justicia en Colombia opera con miles de imperfecciones, y enfrenta escándalos como todos los demás poderes, pero a las Cortes es necesario darles tiempo, permitir que decidan en derecho, y respetar sus sentencias.
Destruir a las instituciones por no agradar a un puñado de ciudadanos, no hará que la justicia alivie sus vicios, cuando la mayor parte del problema está en la operación de la justicia desde abajo, y cuando todavía no se cumplen los tiempos en casos que más llaman la atención de la ciudadanía.
