Se radicó la ponencia de la Ley de Financiamiento, un verdadero reto luego de caerse la ampliación del IVA a toda la canasta familiar, que golpearía con mayor fuerza a la clase media y al porcentaje de colombianos vulnerables que intentan salir de la pobreza.
Entre las ideas que han salido y vuelto a caer, estaba el limitar el IVA deducible al 90%, lo que para algunos expertos significaba un aumento en varios productos básicos de los colombianos (propuesta que se cayó en las mesas de trabajo al respecto esta semana).
Se propone crear un impuesto plurifásico para las bebidas como gaseosas y cervezas, lo que se calcula le dará al gobierno un recaudo adicional de 1 billón de pesos, algo que prendió las alarmas en las empresas relacionadas con este tema que ya antes han hecho importante lobby en el Congreso.
En la ponencia se grabaría la vivienda mayor, los dividendos a las personas naturales en hasta 15% y en remesas una tasa del 7,5%. Como lo prometió el presidente se disminuiría de forma gradual la tarifa de renta para personas jurídicas hasta 2022, y un descuento del IVA en adquisición de bienes de capital.
Pero, esto solo llega a $6,9 billones de recaudo y no los $14 billones que el gobierno afirma que necesita, ¿De dónde saldrá el dinero?. No podemos caer en la ingenuidad, si estos recursos no se garantizan en enero el Gobierno se verá obligado a realizar severos recortes en el Presupuesto General de la Nación, lo que podría acabar con subsidios, programas de la nación entre otras medidas.
Aún si en el transcurso del trámite de la reforma se buscaran salidas, ¿Quiénes pagarían por el dinero que hace falta? La respuesta desde que se propuso gravar toda la canasta familiar parece lógica. La cura podría ser peor que la enfermedad.
Los colombianos deben estar atentos a las propuestas alternativas en el trámite de este importante proyecto de ley y del impacto que esto va a generar en sus recursos. Y el gobierno colombiano tiene la misión (compleja pero necesaria) de no golpear a los más necesitados para obtener recursos, finalmente es este gobierno quien tiene el rango de decisión al respecto frente al congreso, así que culpar al gobierno anterior no es una excusa para crear las mejores medidas económicas posibles.
