Se termina enero y con la salida de Uber, quedan las preguntas del papel del Estado frente a este tipo de plataformas, el futuro de las que quedarán en funcionamiento, y si el gobierno quiere insistir en que se trata de empresas de transporte, y no en aplicaciones que unen la oferta con la demanda de múltiples formas.
El debate está abierto, y aunque existen voces en el congreso que parecen tener un plan claro para hacer una verdadera regulación, eso no significa que tengan mayorías, tampoco que el Gobierno lo comparta, algo evidente con la débil declaración del Ministerio de Transporte que busca a través de la regulación de los ya tradicionales vehículos blancos, dejar la impresión de que Uber no debería irse, pero dicho problema es mucho más complejo.
Por un lado, no se puede entender este debate dejando de lado las regulaciones y alternativas que se han implementado en otros países frente a este problema, y por el otro, dejando al servicio que prestan los Taxis con la misma regulación que los ha gobernado por décadas.
El gobierno que se jacta de buscar que Colombia tenga sea el Silicon Valley de América Latina (y cuyas firmas ya tienen el interés de acercarse al país), no puede permitir que el debate de Uber se centre en una rudimentaria regulación que considere a Uber un simple servicio de transporte de pasajeros, tampoco puede permitirse tener un concepto tan ambiguo de “Economía Naranja”, cuando el viceministro de la misma intenta restringir dicha idea a Uber, mientras en MinTic se apoya el desarrollo de un gran número de soluciones innovadoras a diferentes bienes y servicios.
La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), aunque polémica, y criticable, demuestra que la regulación no soporta los cambios que el Gobierno predica querer implementar.
Finalmente, están los Taxis, lo famosos vehículos amarillos no han cambiando su sistema de cupos, ni las condiciones esenciales de su servicio, las transformaciones han sido escasas y parciales. Falso sería afirmar que los taxistas de todo el país prestan un servicio regular, cuando existen empresas y taxistas independientes que han hecho mayores esfuerzos por adaptarse a las nuevas condiciones tecnológicas, y más altos estándares que exige su servicio en pleno Siglo XXI.
Es papel del Gobierno actualizar su visión, o dejar de restringirla cuando se trata de empresas como Uber, para limitarla a un enfrentamiento con taxistas, o a tratarla como una empresa de vehículos de transporte, es por esto que su solución u omisión, demostrará si el Gobierno realmente será el de la innovación digital (además de la cultural para otros casos), o aquel que dejó a la deriva a este tipo de negocios, bien sea por falta de visión o por intereses más específicos.
