Más allá de un cálculo político, la situación de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de paz (JEP), preocupa. El problema a este punto es de tiempos, dicha Ley con su respectiva revisión constitucional debe estar operando lo antes posible, y de esta forma lograr solucionar este aspecto de Justicia Especial de paz para los guerrilleros de las FARC.
De no lograrse, las FARC no podrían presentarse a las elecciones legislativas del otro año, un atentado directo al Acuerdo de paz del Teatro Colón, y un riesgo inminente para todo lo logrado hasta ahora.
Es cierto que al igual que lo mencionamos en nuestra última editorial, existe un gran cálculo electoral detrás de la falta de apoyo, pero el hecho persiste, y la razón debe ir guiada a salvar la JEP.
Todos aquellos que contribuyeron a lograr dar por terminadas a las FARC como grupo armado, deben unirse para lograr cerrar con broche de oro uno de los aspectos más importantes de ese proceso. Las víctimas merecen la verdad, la reparación y la participación que ahora tendrán en esa jurisdicción.
El país merece ver como los delitos atroces pasan por un proceso efectivo que nos lleve a la reconciliación. Pero todo eso es posible si se deja a un lado el cálculo político y se actúa más allá de la capacidad de la Casa de Nariño de organizar sus mayorías en el Congreso. Es muy curioso que sea aparato del Estado el que ponga en peligro aquello que los guerrilleros acordaron. ¡Gran responsabilidad del legislativo!
