Todavía no hay acuerdo entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional, sobre la salida de los dos sectores que permitirá desde el lunes el nuevo Decreto del presidente Iván Duque, un tema que ha generado un nuevo choque entre los dos gobernantes, pero la última palabra la tiene Casa de Nariño.
El anuncio
El 13 de abril la alcaldesa Claudia López se reunió con el presidente Duque y le explicó su plan para activar algunos sectores de la economía en la Capital, según la alcaldesa ella le explicó al presidente que el sistema de transporte no podía rebasar el 35% de su capacidad y solicitó que fueran la construcción y el de reparación de bicicletas los primeros en salir, y según la mandataria el presidente estuvo de acuerdo.
Desde entonces la Alcaldía ha estado preparando con Camacol la salida ordenada a trabajar de estos sectores y esa salida choca ahora con su solicitud de no permitir que manufacturas salgan a trabajar el mismo lunes.
En una entrevista para NTN24 el Duque respondió diciendo que no era momento para “pugilatos políticos” y que “Yo soy el presidente”. Y Claudia respondió en Semana en Vivo diciendo que el “presidente manda, pero que mande bien”.
Pero luego, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, respondió a medios como BluRadio que, aunque el Gobierno abre la llave a estos dos sectores, son los mandatarios locales los que fijan la gradualidad para lograrlo.
En Bogotá se calculaba que en entre la construcción y manufacturas se generaría más de 1.127.000 viajes diarios y su máximo diario son 875.000 viajes. Luego quedó aclarado que la construcción no saldría de forma automática tal y como lo venía coordinando la alcaldía, mientras en el de manufacturas, el ministro aclaró que no todo el sector accedió a salir a la falta de demanda, y que en Bogotá solo unos 50 mil trabajadores de ese sector usan realmente Transmilenio.
El retraso de un Decreto
Hoy o a más tardar el domingo, saldría el Decreto con los protocolos sanitarios que deben cumplir esos sectores, y la misma alcaldesa aclaró que su revisión y cumplimiento por parte de las empresas, con la debida revisión de la alcaldía, le tomaría al menos dos semanas.
Aunque es cierto que el presidente tiene la última palabra vía Decreto a la hora de decidir qué sectores salen, también es cierto que el mismo Decreto (que estaría por salir) dejaría la responsabilidad de su cumplimiento a las Alcaldías.
En otras palabras existe el temor de que al subir el número de contagios por una salida desordenada, se culpe a los alcaldes por no hacer cumplir los protocolos, pero también de que los alcaldes culpen al gobierno por permitir dicha salida sin la anticipación adecuada.
Además de la negativa de la alcaldesa sobre una salida automática desde el lunes del sector de manufactura, hay un gran reto alrededor de la informalidad, en la construcción supera el 50%, y sus controles no serán sencillos, y probablemente imposibles en muchos de ellos.
La falta de coordinación
Al final, el reto que queda en evidencia con este nuevo choque entre Gobierno y Alcaldía de Bogotá es un problema de coordinación, de anuncios por parte del presidente con Decretos que fijan los protocolos uno o dos días antes de empezar a cumplirse, y que al mismo tiempo no parece que se socializaran de manera adecuada con los gobernantes locales antes de hacer su anuncio a medios.
Por eso la discusión no puede centrarse en si el presidente tiene o no la última palabra, o si un alcalde o Gobernador no puede contradecirlo en medios, es más una discusión sobre la forma como se fijan reglas y se da tiempo al aparato productivo y los gobernantes locales a adecuarse a ellas.
Por supuesto, existe un gran afán por parte de los trabajadores de varios sectores, que esperan con ansías el momento de poder regresar a sus lugares de trabajo y recibir ingresos, pero también de hacerlo de manera ordenada y con las medidas necesarias para impedir un número de contagios que rebose el sistema de salud.
Un reto para el Gobierno entre escuchar, fijar nuestras directrices y hacerlas con el tiempo adecuado para que se cumplan, y de los mandatarios locales para escuchar también al Gobierno, pero al mismo tiempo buscar primero respuestas institucionales, y menos reacciones en las redes sociales.
