Al ordenarse la prisión domiciliaria, al expresidente y senador Álvaro Uribe, se desató una de las más importantes tormentas políticas de los últimos años, y es que dicha decisión no sólo es histórica, en el sentido de que es la primera vez que un expresidente colombiano debe rendir cuentas a la justicia con una medida de aseguramiento, además, afecta a uno de los más importantes líderes políticos de las últimas décadas del país.
La decisión que tomó por unanimidad la Sala Especial de Instrucción marcará un punto importante en la forma como se debate y se apoya a las instituciones en el país. Uribe, no sólo es un líder político que ha influido de manera significativa en todas las elecciones presidenciales en el país en los últimos 20 años, también es la cabeza más visible del partido de Gobierno, y fue considerado por muchos años como el hombre cuyo reconocimiento social hacía imposible pensar en un escándalo que lo llevara finalmente ante decisiones judiciales de este tipo.
Aunque las reacciones han sido diversas, y seguramente marcarán el contexto de las elecciones presidenciales y al Congreso en 2022, es importante recordar que el senador no está condenado, y las decisiones que tome la Corte para llegar a ese tipo de conclusión del caso todavía están lejos de ocurrir.
Es interesante anotar varios hechos que se reúnen de manera paradójica con la detención domiciliaria del expresidente, por un lado, con la salida en el mismo año del senador Antanas Mockus, y ahora, con la salida (aunque sea de momento temporal según artículo 359 de la Ley 600 del 2000) del senador Álvaro Uribe, el Legislativo se queda sin los dos más grandes electores que ha tenido en su historia de manera individual.
También hay que destacar que este caso puede considerarse menor a otros escándalos que se ciernen sobre la imagen del expresidente, y que este ha defendido a capa y espada sobre su legado, desde los falsos positivos, la masacre de el aro, hasta las diversas condenas de varios de sus cercanos durante sus gobiernos, este caso en especial parece el más pequeño de una larga lista de investigaciones que se han llevado a cabo alrededor suyo o de sus cercanos.
Lo que sigue
Ahora, sigue el caso en la Corte Suprema, la defensa de Uribe podrá presentar un recurso de reposición contra la decisión que lo llevó a prisión domiciliaria, aunque no está claro si debe hacerlo ante la Sala Especial de Instrucción, o ante la Sala de Casación Penal, pues la primera es nueva, producto de una reforma reciente que da a los aforados la doble instancia en dicho tribunal.
Después, viene la acusación, aunque la medida de prisión domiciliaria es temporal y podría significar que Uribe enfrente el resto del caso en libertad, igualmente en el periodo que lleva a la acusación la defensa tendrá la oportunidad de presentar su caso para revisar si de da o no vía libre a la acusación.
Si al transcurrir el tiempo que lleva a la acusación, y debido a decisiones que aplacen las audiencias, por vencimiento de términos también podría quedar libre, luego se pasa a la Sala de Juzgamiento, que en primera instancia condenará o exonerará al expresidente, y finalmente, si la decisión es condenarlo, la defensa podría llegar (y sería lo más probable en ese escenario) a la Sala de Casación Penal, la decisión la tomarían 6 magistrados, y en este punto practicar pruebas adicionales, resolver las solicitudes de nulidad, recusaciones y otros aplazamientos, podría alargar aún más el veredicto final.
Las reacciones
Varios analistas consideran que el curso del caso se dirige a una acusación formal en la Corte Suprema, debido a la misma solicitud de casa por cárcel que se dictó esta semana, y es por esto por lo que los allegados al expresidente han dejado notar en sus primeras intervenciones que preparan un largo debate alrededor de las instituciones de justicia.
La senadora Paloma Valencia, insistió en una Reforma que ella misma presentó en el pasado, y que también apoya el expresidente Uribe, donde se busque crear una única corte, e incluso propuso que a este camino se llegue a través de una Asamblea Nacional Constituyente, como también fue la propuesta en su momento de exsenadora y hoy embajadora Viviane Morales.
El mismo presidente Iván Duque insistió en el mensaje que han querido desde un inicio enviar los congresistas del Centro Democrático, y es comparar la decisión tomada contra el exmandatario con la posibilidad que tienen los excombatientes de las Farc de estar en el Congreso, y solicitar que su defensa pueda darse en libertad.
El caso es una paradoja, pues no representa en sí mismo una encrucijada sobre la imagen de Álvaro Uribe, como uno de los líderes políticos más populares de la historia reciente del país, es también una prueba de fuego para las instituciones, en especial para las Cortes, pues las críticas desde los sectores que apoyan al exmandatario y que tienen un amplio electorado, van precisamente dirigidas hacía la institucionalidad representada en este caso en la Corte Suprema de Justicia.
Serán varios meses, e incluso algunos años de un gran debate nacional alrededor de la defensa o crítica de las decisiones de las instituciones, sean sobre un ciudadano del común, sobre temas sensibles, o sobre un nombre tan reconocido como el del expresidente y senador Álvaro Uribe, no debería existir duda del respeto que merecen este tipo de planteamientos, pero para el caso en cuestión son un reto para fortalecerlas o desecharlas a favor de un nombre o en defensa del Estado Social de Derecho.
