Hubo un compromiso formal del gobierno que compromete la seriedad y la dignidad del país.
El atentado del eln contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional fue un acto horrible, irresponsable y criminal en extremo. No tiene excusa ni justificación. Se premeditó, se calcularon los daños, se realizó para intimidar a la población y doblegar al gobierno. No fue una acción militar para ganar la guerra sino para tratar de demostrar que la guerrilla elena existe, que es poderosa y tiene enorme capacidad de perjudicar a la comunidad y a las instituciones y que merece atención del gobierno en el malogrado interés de buscar la paz en las conversaciones de Cuba.
Los elenos consiguieron su cometido de impresionar, de asustar, al costo de 25 jóvenes asesinados y más de 50 heridos. Pero lo que de verdad lograron fue indignar al pueblo colombiano, que hoy más que nunca los condena, los rechaza, los desprecia. No hay un solo colombiano, distinto a sus propios conmilitones, que tenga la mínima consideración por esa agrupación guerrillera que a los ojos del país asumió la condición de paria. Su acción, a más de criminal, fue una torpeza mayúscula que los puso al descubierto: no quieren paz, no les importa nada nuestra sociedad ni nuestra institucionalidad, solo buscan el gozo de aparecer en los periódicos y de seguir haciendo daño sin ton ni son. Son auténticos enemigos del país.
Esa es una cosa. La otra es que venían dialogando con el gobierno en busca de unos acuerdos democráticos para la convivencia, para organizar los cuales, reconociéndoles un elemento político en su accionar, los comisionados oficiales, con el visto bueno del Presidente de la República, convinieron unos procedimientos que facilitaran a los negociadores guerrilleros salir de Cuba sin impedimentos y traumatismos, si acaso los diálogos se suspendieran. Siempre se hace eso, aquí y en Cafarnaún, lo que es altamente explicable. No solo fue un acuerdo bilateral, conocido y avalado por los llamados Países amigos, sino difundido ampliamente a nivel internacional. Por feo que parezca, nos toca cumplir a los colombianos y es tarea que le corresponde al gobierno del Presidente Duque.
El argumento del Comisionado de Paz, según el cual esos protocolos los firmó el anterior gobierno y por eso no son obligatorios para el actual, es pobre de solemnidad intelectual y política. Si así fuera, cada cuatro años había que comenzar de nuevo, en todo y para todo. ¿De manera que si el gobierno anterior hizo un préstamo al BID, no le corresponde pagarlo al actual gobierno? Y después se quejan de que el gobierno tenga mala reputación.
No se puede faltar a los compromisos. Hay un criterio elemental que tiene dimensión planetaria: “hay que cumplir la palabra empeñada”. En el derecho internacional existe una premisa de obligatorio cumplimiento: “Pacta, sunt servanda”, debe cumplirse lo pactado. Imposible que el gobierno no recapacite y deje de exigir acciones incumplibles. De por medio está la credibilidad del país y su seriedad ante el mundo. El folklorismo latino se está viendo en la solidaridad Chilena; ya veremos cómo el mundo serio, la diplomacia correcta, apoyará el cumplimiento de lo acordado. Y que conste que no es una argumentación pro-elena, sino una réplica en defensa de los intereses de Colombia como Estado, como sociedad, como partecita del mundo, que aún lo somos.
