El debate sobre la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), salió de los recintos del congreso para ir directamente a Casa de Nariño, luego de meses de esperar una sanción presidencial de la misma.
Las incógnitas siguen en firme, por un lado, la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez ha manifestado que se están estudiando con detalle, pues el presidente si puede objetar la ley, y por otro lado, el Alto Comisionado para la Paz Miguel Ceballos quien aclaró que el presidente está en los 20 días para revisar el proyecto y que la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño lo está revisando, pues podría considerar algunas objeciones.
Las leyes Estatutarias se pueden objetar por parte del presidente y regresar al Congreso, por Constitucionalidad o por inconveniencia, la primera opción parece descartada, pues la ley ya pasó por revisión del más alto tribunal al respecto, la misma Corte Constitucional, y la segunda, nunca se ha presentado, nunca un presidente ha objetado una ley de este nivel por motivos de inconveniencia.
El Fiscal General Néstor Humberto Martínez, presentó una carta con varios puntos a considerar para objetarla, en buena medida se resumen en: 1. Porque la JEP podría conocer de delitos de ejecución permanente, es decir, delitos que pasan la fecha del 11 de diciembre de 2016, y eso facultaría a la JEP, según él, para conocer delitos con posterioridad a esa fecha y que son de la justicia ordinaria, 2 Porque en el texto la Corte Constitucional eliminó el “todos los beneficios” que podría perder un excombatiente si incumple el acuerdo de no repetición luego de su firma, 3. Sobre la competencia de la Fiscalía para adelantar diligencias judiciales, es decir, que sea la Fiscalía quien investigué a los exguerrilleros por lo que pasó antes del 11 de diciembre de 2016, función que perdería para temas de citación ante ese organismo, y 4. Que los crímenes de guerra queden atribuidos a los máximos responsables, lo cual sería optativo, pero abre la puerta según el Fiscal para que queden impunes en el caso de los autores materiales.
Lo curioso es que estos mismos argumentos los presentó el Fiscal cuando se trató el tema en el Congreso, de hecho él afirmó, “lamentablemente el texto que ha llegado al Presidente modifica el consenso al que se llegó en el congreso y puede tener graves impactos en la política criminal”, ¿Mal perdedor?, Si la Corte Constitucional es el tribunal de cierre en estos temas, y está por encima de los acuerdos a los que llegue el Congreso para proteger la Constitución, ¿Por qué objetar la ley?.
Analistas, y congresistas como Juanita Goebertus, que conocen a profundidad la Ley Estatutaria, han advertido que esto ya se debatió con el Fiscal en el Congreso, y que él presentó argumentos ante la misma Corte Constitucioan, y sobre cada punto se ha aclarado que, en el 1. La JEP solo conocería de esos delitos de ejecución permanente y eso no le da más amplitud a su poder en el tiempo, sobre el 2. Que esto fija gradualidad, es decir, aunque se elimina la expresión “todos los beneficios”, signfica que la JEP podría revisar cuales si y cuales no, de acuerdo a la gravedad del incumplimiento, sobre el 3. Que es lógico que a los exguerrilleros por lo cometido antes del conflicto deben acudir a la JEP y no a la Fiscalía, y sobre el 4. Que los crimenes de guerra igual recibirán condena, y la perdida de beneficios puede incluir tanto la condena de la justicia ordinaria, como de la JEP, y que además es un optativo solo castigar máximos responsables.
El Procurador General Fernando Carrillo, también envió una carta al respecto, quien advirtió que una objeción por inconveniencia podría llevar a la Ley por más de 6 meses al Congreso, y afectar gravemente el funcionamiento de la JEP que necesita con urgencia esto para tratar dichos casos, y añadió, que objetar la Ley luego de una revisión exhaustiva de la Corte Constiticional podría llevar a poner en peligro la seguridad jurídica en el país en los próximos trámites de leyes de este tipo.
Pero a todas esas voces, ayer se unió la Corte Penal Internacional, a nombre del vicefiscal James Stewart, quien dijo que la JEP necesita con urgencia un marco legal definido, y dijo que en caso de no tener este marco, “esto podría ser un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones”, una voz que parece advertencia para el Gobierno sobre la necesidad de poner en pleno funcionamiento a ese organo.
Mientras tanto, voces del uribismo como Alfredo Rangel, consideran que el gobierno sí sancionará la Ley pero presentará un paquete de reformas a la misma en el Congreso que incluyen reformas a la Constitución, mientras el expresidente y senador Álvaro Uribe fue más tajante al afirmar vía twitter: «bueno que objeten la JEP, mejor eliminarla»
¿Cómo resolverá el gobierno de Iván Duque esta encrucijada?
