La ONG Human Rights Watch (HRW) puso el dedo en la llaga con su publicación sobre el pasado de varios de los recientemente nombrados comandantes del Ejército, en una publicación donde recopila investigaciones y fuentes.
En ella la ONG nombra al mismo comandante del Ejército Nicasio de Jesús Martínez, a quien se refiere durante el tiempo que este prestó servicio como segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, donde se cometieron al menos 23 ejecuciones extrajudiciales, también llamadas “falsos positivos”, entre ellos el caso de Nohemí Pacheco Zapata, secuestrada y asesinada en 2005, una niña indígena de 13 años y que al final sería reportada como guerrillera de las FARC, y dada supuestamente de baja en combate, mientras evidencias demuestran que no lo era, al final, el entonces subcomandante como lo registra Human Rights Watch en un documento publicado en su web, indicó el pago de $1.000.000 a informantes, logrando según este comunicado “excelentes resultados”, entre los que se contaba la baja de la niña indígena.
La lista de miembros relevantes del Ejército es amplia, entre ellos se cuenta: “Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza; Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas; Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro; Diego Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano; Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles; Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento; Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada; y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante Décima Tercera Brigada. Todos ellos son generales”
El Ministro de Defensa Guillermo Botero respondió a la fuerte denuncia pública realizada por la ONG, en el caso del General Martínez, presentó sus certificados de Procuraduría y Controlaría, para asegurar que no tiene investigaciones en su contra, mientras en casos como el del General Diego Luis Villegas quien tiene una citación en la Fiscalía por el homicidio de Omer Alcides Villada en 2008, dijo que confiaba en su presunción de inocencia (cabe aclarar que Villegas ya se presentó ante la JEP para tratar el tema de este presunto “falso positivo”), mientras en el caso del General Miguel Eduardo David investigado por posibles abusos en un batallón de artillería entre 2004 y 2005 cuando él era segundo comandante, el ministro se limitó a decir que este oficial se encontraba en Pasto, mientras los hechos ocurrieron en la región caribe.
Por supuesto, este caso no se trata de un “a quién creerle”, pues de hecho para eso los entes judiciales se encuentran investigando, el llamado de la ONG se relaciona a las explicaciones que tendrían que dar los generales en todos los hechos relacionados, sean o no investigados directamente como el caso del comandante del Ejército Nicasio Martínez, y si realmente se debe o no hacer una investigación directa en su caso.
Para el director de HRW José Miguel Vivanco, existe una medida distinta a la hora de tratar estos casos de “falsos positivos”, por un lado, el trato que reciben los mandos medios y bajos, y por el otro el que reciben los altos mandos, como el caso de los generales mencionados. Pero entonces ¿Quién debe responder ante estos ascensos en caso de que alguno de ellos o todos sean responsables?
La respuesta está en el Congreso, quienes desde el Senado de la República, aprueban los ascensos a general, de hecho, en el caso del General Villegas, miembros de las bancadas de oposición ya habían pedido aplazar la votación debido a la polémica generada por la investigación a la que se le relaciona, y es por eso que no solo el Gobierno está llamado a rendir cuentas al respecto de forma más contundente, sobre la transparencia e ideoneidad de estos nombres para tan elevado encargo, sino además las bancadas del congreso que dieron el visto bueno.
