La Ley TIC es una de las apuestas del gobierno en la que más resultados espera el presidente Iván Duque, de hecho, en su viaje a California, envió un mensaje donde aseguraba mejorar el acceso a internet de alta calidad al 70% de los colombianos, lo que supone una apuesta ambiciosa pero lógica en un tema donde el país necesita avanzar.
De todas formas, la Ley TIC, no solo supone una reforma para aumentar el acceso a internet de banda ancha, es también una reforma completa al sector que ha generado un diverso número de críticas, y que ya tuvo una fuerte oposición en su trámite en las comisiones sextas.
Pero ahora viene lo más difícil, lograr su aprobación en las plenarias de Senado y Cámara, algo demorado pues en Cámara todavía no aparece en la agenda, y en el Senado el congresista Antonio Zabaraín de Cambio Radical, coordinador ponente de la Ley, solicitó tiempo al considerar que el gobierno no había socializado suficiente el proyecto, como lo solicitó el senador Antanas Mockus en un derecho de petición.
Entre los puntos más importantes se encuentran:
Primero, el proyecto buscaba incrementar a 30 años los permisos de uso del espectro, como una forma de incentivo para que las empresas inviertan más debido a que tienen más tiempo para recuperar esa inversión, ahora el gobierno redujo ese tiempo a 20 años.
Segundo, se planteaba eliminar la ANTV, la Agencia Nacional del Espectro, y la Comisión Reguladora de Comunicaciones, pero muchos criticaban que el nuevo regulador planteado estaba adscrito al ministerio lo que concentraba la regulación en manos del gobierno, ahora se plantearía un nuevo ente independiente con dos comisiones internas para temas técnicos y para defensa de derechos y deberes de los televidentes.
Tercero, introducir la maximización del beneficio social en el sector, para enfocarse a cerrar la brecha digital y enfocarse en llevar conectividad a todos los colombianos.
Además, el proyecto habla de buscar permitir que los operadores de televisión comunitaria también puedan proveer internet, y fortalecer la radio y televisión pública.
Ahora, aunque la ministra de las TIC, Sylvia Constaín, es positiva en que el proyecto llegará a aprobarse antes del 20 de julio, son varios los congresistas que dicen no estar de acuerdo con el proyecto, o tener todavía serias dudas sobre el mismo.
Por ejemplo, algunos creen que la televisión pública terminará siendo la perjudicada pues terminaría pagando más que los operadores de canales privados, a quienes se les prorrogaría la licencia por 20 años y solo pagarían por su participación comercial.
El debate en un congreso sin mayorías
El gobierno ha demostrado no tener mayorías consolidadas, y aprobar sus proyectos de acuerdo con las mareas de los partidos, lo que representa un desafío inmenso para aprobar un proyecto tan ambicioso.
Para el gobierno cerrar la brecha digital es la principal razón para presentar este proyecto, además de actualizarse en una legislación que ha venido cambiando en los países de la región, por eso le preocupa que partidos como Cambio Radical o los Conservadores, requieran más tiempo, o dificulten la tarea de lograr las mayorías.
Mientras tanto, si los cambios propuestos por los partidos, los participantes de canales públicos, y demás asociaciones, no son escuchados, se esperaría un nuevo Lobby en su contra, sobre todo desde la opinión pública.
