Con la decisión de la Corte Constitucional quedaron hundidas las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, pero también se cerró el primer capítulo del intento del Gobierno por reformar de fondo el Acuerdo de paz con las FARC, algo que posiblemente seguirá siendo una iniciativa que ahora buscará alcanzarse por otros medios.
¿Un desgaste innecesario?
Al presidente se le criticó tanto en escenarios internacionales, como sus opositores y partidos independientes en el país, la decisión de objetar una Ley esencial para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), pero más quizás por el hecho de intentarlo al objetar el marco normativo de la jurisdicción que ya había pasado por el Congreso y por la Corte Constitucional, y no intentarlo vía proyecto de Ley y acuerdos previos.
Obstinación, parece la palabra clave de esta historia liderada por la bancada del Centro Democrático, que paradójicamente abandonó varias de las votaciones del “Fast-track” sobre el Acuerdo de paz en el gobierno Santos, y ahora para reformar aquello en lo que se negó participar, no ha logrado ningún acuerdo o avance con los partidos a los que tanto acusó de “enmermelados”.
Por su parte los defensores del Acuerdo dejaron claro desde el principio que la estrategia del presidente estaba destinada al fracaso, por un lado, al no tener mayorías en el Congreso y menos para un tema en el que partidos como el Liberalismo se encuentran decididos a no ceder, y por otro lado, porque la Corte Constitucional ya había hecho la revisión respectiva de la Ley Estatutaria, y difícilmente dejaría pasar las objeciones sobre temas que había dirimido.
La jugada carecía de alguna remota posibilidad de éxito político, y era un grave error jurídico.
Montar unas objeciones sobre la base de la inconveniencia, cuando a todas luces eran inconstitucionales, y fijarlas sobre temas sensibles que podrían aclararse con una Ley interpretativa (como lo propuso el senador Luis Fernando Velasco), son claros ejemplos de fallo de cálculo del gobierno y sus aliados.
El Plan Nacional de Desarrollo fue literalmente, aprobado a las patadas, en una extensa jornada en la Cámara le metieron varios artículos a los que hoy se opone el gobierno, como los aranceles en el sector textil, y en el Senado sus opciones se redujeron a darle una fría bendición a lo aprobado en Cámara.
Mientras tanto, las reformas del gobierno fueron naufragando una a una, incluida la reforma a la Justicia y obligándolos a apoyar la reforma presentada por Cambio Radical, que ahora también parece difícil de aprobarse, y terminando en la renuncia de la ministra Gloria María Borrero, mismo destino tuvo la reforma política que también se hundió, y luego con el escándalo de Santrich y la renuncia del Fiscal General, se generó una tormenta política perfecta, que desvió el debate político y no le ha permitido a Duque concentrarse en los grandes debates del país fuera de la paz.
La respuesta de Duque
El presidente Iván Duque respondió a la Corte que no comparte, pero que acata su decisión sobre las objeciones, y dijo que: “nunca dejaré de defender los principios que han motivado al pueblo colombiano para que tengamos una paz con justicia”.
El presidente no está de acuerdo con la sumatoria de votos que hizo la Corte para determinar que, en el Senado, 47 votos representaron una mayoría para hundir dichas objeciones, y se refirió al narcotráfico y a Santrich, advirtiendo que ese es un tema en el que no se rendirá.
Esto significa que el gobierno seguirá buscando formas de reformar temas esenciales del Acuerdo de paz, pero también de judicializar a Jesús Santrich, por lo que han considerado pruebas contundentes contra él.
La polarización
Finalmente, este debate recordó los tiempos del plebiscito por la paz, cuando al país lo dividían entre los del “Sí” y los del “No”, y esa polarización terminó por crear una profunda brecha que hasta hoy aleja a sectores políticos y sociales para llegar a acuerdos sobre otros temas.
Juan José Echavarría, Gerente del Baco de la República, ya había advertido de las consecuencias en la economía provocada por una profunda polarización, también, el Consejo de Seguridad de la ONU le había solicitado al gobierno que sancione la Ley Estatutaria de la JEP, y varios organismos internacionales colocaron su mirada en el país debido a la fuerte división que se generaba producto de ello.
Es precisamente la promesa de unidad del presidente Duque, la que más afectada queda con su decisión de objetar esa ley y de insistir de debatir, cambiar, y seguir en círculos alrededor de un Acuerdo de paz en plena implementación.
