El asesinato de Líderes Sociales en Colombia es una bola de nieve que parece no dejar de crecer, y que tiene en apuros no solo la implementación del Acuerdo de Paz, también, genera grandes heridas sociales en las zonas donde estas ocurren, y donde las causas de estos líderes corren grandes peligros, incluyendo a sus sucesores.
El caso de María Del Pila Hurtado estremeció al país, y fue increíble el debate posterior con autoridades que afirmaban que el panfleto de amenaza a inicios de junio no era contra ella, y que ella no era exactamente una Líder Social.
Pero otros líderes han desmentido esta situación, asegurando que sí pertenecía a una organización social, que trabajó con la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza, y que el problema surgió por ser una de las invasoras de un lote del padre del alcalde de Tierralta, Córdoba, a donde llegó luego de desplazarse desde Puerto Tejada también por estar amenazada debido a su trabajo con víctimas.
Incluso, luego de que la alcaldía de Tierralta, en un comunicado afirmara que ella no era líder social, citando a la Defensoría del Pueblo, fue esa misma entidad quien desmintió al alcalde, asegurando que no estuvo presente en la declaración.
Las cifras que no cuadran
Muchos líderes sociales han acusado a las autoridades de encontrarse más vulnerables cuando se acercan a ellas, otros tienen miedo de ser identificados después de las primeras amenazas, y otros a pesar de su extenuante labor, simplemente son invisibilizados.
La cuestión es que las cifras distan mucho, para el gobierno entre enero de 2016 y mayo de 2019, murieron 281 líderes, Medicina Legal reportó un periodo de tiempo más corto, entre enero de 2018 y enero de 2019 y suman 317, pero según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) son entre enero de 2016 y mayo de 2019 fueron 837.
De hecho, el gobierno se valió de un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y llegó a concluir que entre el 7 de agosto de 2017 y mayo de 2018 murieron 88 líderes, mientras entre el 7 de agosto de 2018 y mayo de 2019 mueron 60, y por lo tanto la cifra disminuyó un 32%.
El problema es que el informe del cual reportó el gobierno este supuesto avance, en cabeza del Consejero para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, fue publicado el 11 de junio, y toma las cifras de un periodo más largo, recordando el mismo informe, que faltan por esclarecerse o verificar 46 casos de ese periodo.
Las organizaciones sociales que hacen el conteo de los asesinatos de sus líderes, usan también metodologías distintas, lo que complica aún más el diagnóstico sobre la situación real, y eriosiona las afirmaciones más optimistas del gobierno.
La importancia de tener cifras claras, y de atenderlas es primordial para comprender y atacar el problema de raiz, y aunque el gobierno sigue con el Plan de Acción Oportuna (PAO), es importante encontrar y atacar los problemas que se destacan en versiones encontradas como las del caso de María Del Pilar.
Mientras el país se debate sobre los mecanismos de justicia transicional para los exguerrileros, y otros involucrados en el conflicto, es importante prestar atención a lo que ocurre con las Autodefensas Gaitanistas, acusadas de perpetrar el asesinato, pero además, de tener pleno control de la zona.
También es importante preguntarse, ¿Qué se está haciendo para garantizar que no sigan aumentando las desersiones de excombatientes?, y ¿Está llegando el Estado con más que fuerza pública a las zonas más deprimidas por la violencia, de cuyo desarrollo depende afrontar buena parte de los males que llevan a estos asesinatos?
