Quedan 13 semanas para la contienda electoral

Análisis Por

Por esta época de fuertes emociones que fluyen diariamente en los candidatos y sus equipos de campaña, sus gerentes viven en permanentes decisiones organizativas y muchas de ellas son ejecutadas con desconocimiento de las reglamentaciones, inician todo un camino tortuoso de equivocaciones que por lo general terminan en sanciones, o todo tipo de problemas al final de las campañas.

Ola Política consultó a la abogada Jenny Lindo quien ha sido gerente nacional de diferentes campañas, y a Daniel Pinzón abogado experto con amplia trayectoria en derecho electoral, y juntos coincidieron en la importancia de que los gerentes de campaña no dejen para después de las elecciones la organización de sus informes, sino en simultáneo deben ir previendo estos asuntos. 

Igualmente, los expertos afirman que por lo general la definición de las gerencias de campañas son claves al momento de hacer una campaña realmente organizada, dinámica, innovadora y eficiente. 

Es así como Ola Política entregará durante este proceso electoral información que les permita a los candidatos y gerentes tener los principales datos a la mano. En esta primera entrega,  presentamos el top 6 de las principales prohibiciones al momento de recibir donaciones de acuerdo a nuestros expertos:

No reciba donaciones de…

1.Las que provengan, directa o indirectamente, de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeras.

2.Las contribuciones o donaciones de personas sobre los cuales se hubiere iniciado un proceso de extinción de dominio.

3.Las contribuciones anónimas.

4.Las de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o imputación en un proceso penal por delitos relacionados grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad.

5.Las que provengan de personas que desempeñan funciones públicas, excepto de los miembros de corporaciones públicas de elección popular.

6.Las que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se hayan originado en más de un 50%  de contratos o subsidios estatales; que administren recursos públicos o parafiscales, o que tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerte y azar.