El país se conmocionó con el video de Iván Márquez, junto a “El Paisa” y Jesús Santrich, anunciando una nueva Marquetalia, y lo que sería su regreso a las armas.
El presidente Iván Duque, no dudó en solicitar una recompensa de 3 mil millones, por información que lleve a la captura de todos los combatientes que aparecen en dicho video. La Jurisdicción Especial de Paz (JEP), anunció celeridad en el proceso que llevaría a la expulsión de los implicados en el video, por rearme, y la pérdida de todos los beneficios, además ordenó su captura.
El exjefe del Equipo Negociador del Gobierno, Humberto De La Calle, con la firma de él, y Sergio Jaramillo (que se encuentra en Bruselas), dijo que este no era ni la primera, ni la última crisis del proceso de paz, además rechazó enérgicamente el anuncio de Iván Márquez.
Todos los sectores políticos, reaccionaron a una voz rechazando el video, desde el uribismo reclamando las reformas que han intentado impulsar a la JEP, y desde otros sectores que acompañaron el proceso, aclarando que dicho anuncio no acaba la implementación.
El regreso del debate paz y guerra
Aunque el video de Márquez, con otros disidentes, está cargado con un mensaje político, nada se dijo sobre su situación, sobre la falta de esclarecimiento de la verdad que rechazó El Paisa al no asistir a la JEP, las mentiras dichas por Santrich ante los medios durante su proceso judicial que impidió su extradición, y la situación del mismo Márquez y su sobrino, quien tiene varias investigaciones abiertas, y hoy colabora con organismos de los Estados Unidos.
Este mensaje, provoca el regreso (ahora en su totalidad), de un viejo debate entre detractores y amigos del Acuerdo de paz, firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Y, además, divide de nuevo a país en un tema que se creía seguiría alrededor de la efectividad de la implementación, y no en el retorno de medidas militares contra grupos insurgentes exclusivamente.
Duque por definirse alrededor de la paz
El actual Gobierno, había enviado un mensaje a favor de continuar con la implementación del acuerdo, en especial en garantías para los reinsertados, y los proyectos productivos que garantizan su permanencia en el proceso, pero con el anuncio de Márquez, regresaría el discurso de la ofensiva militar.
Por supuesto, el gobierno al igual que en los años del mandato del entonces presidente Uribe, califica a este grupo como narcoterrorista, y considera que no se trata del surgimiento de una nueva guerrilla, pues en ese caso, se reconocería su vocación de lucha contra el Estado y no de un mero actuar delincuencial.
La esperanza de paz
Congresistas que apoyaron el proceso, grupos sociales, y organismos internacionales, hacen un llamado para rodear la paz, en especial, la labor de implementación con la mayoría de los exguerrilleros que continúan fuera del conflicto.
Esperanza que queda herida, luego de ver a varios de los antiguos negociadores del acuerdo, con camuflados y armas, en una ubicación que asegura el presidente Duque podría encontrarse en Venezuela, bajo el auspicio de Nicolás Maduro.
Y peor que eso, el desacuerdo que prevalece alrededor de las medidas para lograr una paz estable y duradera podría afectar a los que sí se encuentran comprometidos con esa labor, que hoy son la mayoría de los exguerrilleros de las FARC.
