Uber se va de Colombia, así lo declaró hoy en un comunicado, e informó lo mismo a sus usuarios en un mensaje de despedida donde considera la decisión de suspensión de la plataforma por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), como arbitraria.
Pero la decisión no sólo se trata de una incomodidad para sus 2 millones de usuarios, también se traduce en la pérdida del empleo a través de esa aplicación de más de 88 mil conductores (durante su primer año de mandato, el país ha sumado más de 567 mil nuestros desempleados).
Eduardo José Hernández, conocido como el Zar de los taxis, y propietario de la empresa Radio Taxi Aeropuerto, fue quien preparó desde 2015 la demanda contra la plataforma que operaba en Colombia, y usando la firma Cotech, como lo contamos en Ola Política.
¿Y el gobierno de la “Economía Naranja”?
Es interesante como cientos de personas en las redes sociales han manifestado la ironía de que dicha decisión ocurra durante el gobierno que ha manifestado impulsar la llamada “Economía Naranja” en el país, y que uno de esos componentes sean los emprendimientos digitales.
Por supuesto, el gobierno se ha adelantado desde el momento de fallo en defenderse sobre este tema, el viceministro de la Economía Naranja, Felipe Buitrago, manifestó: “Aclaraciones sobre tema Uber: 1. Es fallo judicial, el Gobierno no tiene injerencia en esa situación 2. Es un app de transporte, no de contenidos simbólicos, luego no es #EconomíaNaranja 3. Hay sinergias entre las nuevas tecnologías y la #EconomíaNaranja pero no son lo mismo.”
Pero dicha declaración solo dejó más preguntas que respuestas, ¿Entonces la Economía Naranja se cierra a lo “simbólico”, a lo cultural?, si es así, ¿Qué hay de las plataformas que apoya el gobierno a través de MinTic como “Economía Naranja”?, ¿No entraría entonces el gran anuncio de “Minería Naranja” que hizo la Agencia Nacional de Minería desde diciembre de 2018?
Pero abogados también se lo preguntan, ¿Qué tanto poder de decisión tiene el realmente el gobierno al respecto?, el Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, ha intentado aclarar que la decisión la tomó la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, que tiene independencia, tanto, que ni el Superintendente tiene poder sobre sus decisiones, y el mismo Superintendente (en este caso) es elegido por concurso, pero a lo anterior, cabe la pregunta de si esa apariencia de independencia es real en la práctica, cuando el Superintendente es quien nombra al Delegado.
Representantes a la Cámara, como Mauricio Toro, que impulsa una Ley de Plataformas de Transporte, afirmó que es “un grave precedente para la tecnología e innovación”, además de afirmar estar en desacuerdo, tanto con una posible demanda de Uber al Estado, como de su salida del país, y reitera que la tarea no es espantar a las innovaciones digitales, sino, regularlas.
Las críticas al gobierno en “fuego amigo”
La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, tampoco cree que la salida sea la prohibición de ese servicio, en su más reciente columna de opinión manifestó: “¿Cómo un gobierno abanderado de la “Economía Naranja puede dirimir una situación de hecho, que supera el marco normativo?…. ¿Por qué el Estado no propicia un equilibrio?”
El representante Gabriel Santos, también del Centro Democrático, respondió al senador Álvaro Uribe, quien manifestó: “Que Uber como toda plataforma contribuya a la Seguridad Social; Que se nivele la cancha con los taxistas; Lo grave sería lo contrario.”, algo que generó la respuesta del representante al expresidente, pidiendo que lo dejen liderar “esa pelea!” junto al representante Edwin Ballesteros, pues “la solución no puede empezar entendiendo que los conductores de Uber, son sus empleados.”
Incluso el representante Santos fue más severo: “Por qué un colombiano o extranjero invertiría su tiempo/conocimiento/recursos en un emprendimiento en Colombia si tan pronto como ese emprendimiento incomode a una industria nacional lo vamos a sacar a patadas entre todos (gobierno, congreso, justicia).”
La división al interior del partido de gobierno, además de evidente, refleja la “papa caliente” que se volverá este tema para el presidente Duque, quien ya tiene una imagen desfavorable bastante amplia, además, su meta de generación de empleo se ve estancada, y si el presidente no está de acuerdo: ¿Por qué no lo ha manifestado abiertamente?
Por ahora, Uber puede seguir dando la batalla legal una vez termine la vacancia judicial, ahora en el Tribunal Superior de Bogotá, y solicitando el reintegro de sus funciones, mientras los demandantes esperan realizar la misma maniobra contra las demás plataformas, y las críticas ya llueven a la Superintendencia de Industria y Comercio, por las decisiones que se aproximarían en concordancia con la efectuada contra Uber.
