El informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), ha generado choques con el Gobierno colombiano, a lo que se suma el informe que presentará Michel Forst, relator de la ONU en Colombia, que destacó el hecho de no poder visitar el país en 2019 debido a la falta de cooperación del gobierno.
El miércoles 4 de marzo será una cita crucial para las partes, pues el gobierno Duque presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (en Ginebra, Suiza), su versión sobre la situación del país, que contrastará con la presentada por la ACNUDH la semana pasada, además, y se espera que precisamente destaque lo que considera imprecisiones de dicho informe.
El choque
El gobierno del presidente Iván Duque, ya venía destacando lo que aseguraba era una caída en el asesinato de Líderes sociales, y defensores de derechos humanos, además de lo que considera una implementación exitosa de los acuerdos, en temas como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que básicamente llevan recursos a zonas especialmente golpeadas por el conflicto armado, y garantizan obras y otros programas, el presidente destaca que se pasó de dos a dieciséis.
Pero el informe de la ACNUDH muestra una cara diferente, con datos que reflejan la difícil situación que viven líderes sociales de diferentes zonas del país, y con diferentes iniciativas, también los retos para judicializar los crímenes contra estos líderes, y que en su mayoría no llegan al autor intelectual, las limitaciones que tienen los colombianos para el acceso a la justicia, la falta de resultados en cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres, el uso del Ejército para mantener el orden público (función de la Policía), o el uso de la Justicia Penal Militar, para resolver casos de delitos de lesa humanidad, lo que iría en contravía con el derecho internacional, y esto es solo una parte de un informe de 24 páginas.
La tensión aumentó cuando el presidente calificó lo entregado por la ACNUDH como “intromisión en la soberanía”, y aunque no respondió a todos los datos entregados, si considera que existen muchas omisiones importantes, que serán respondidas este miércoles en Ginebra.
La Canciller, Claudia Blum, rechazó que el informe no condene a grupos armados al margen de la Ley, aunque desde el punto 8, dicho informe habla de las violaciones al derecho internacional humanitario de grupos como el ELN. También criticó la ministra el hecho de no mencionar los avances en temas de derechos políticos, o eventos electorales como los del 2019, donde el partido Farc pudo participar, un dato curioso, pues desde su campaña presidencial, el partido de gobierno se planteó reformas que limitarían la participación política de varios miembros de ese partido (algo que hasta ahora no ha sido posible).
Pero quizá el mayor reparo de la cancillería es afirmar que las conclusiones del informe: “rayan en opiniones políticas, así como apreciaciones y conclusiones que exceden su campo de acción.”
Esa misma visión, pero de forma mucho más ácida, fue la que llevó al senador Ernesto Macías a proponer al gobierno eliminar la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia pues considera que se ha convertido: “en guarida politiquera con sesgo ideológico pasional.”
Más allá de las críticas, el mundo observa la forma como el gobierno colombiano recibe las recomendaciones de instancias de la ONU, y el apoyo internacional que amerita una confrontación contra esas instituciones, en un país que se ha mostrado en múltiples oportunidades, a favor de la integración y los organismos multilaterales. La reacción de Colombia ¿Cambiará la visión que se tiene de la voluntad del país por mejorar la situación en materia de Derechos Humanos?
