Según un informe revelado por la Procuraduría General, el 24% de los municipios del país tienen alto riesgo de trashumancia electoral, se trata de municipios en 27 de los 32 departamentos, y recordó el Procurador, Fernando Carrillo Flórez, que este es tipificado como un delito electoral.
Los departamentos con más números de municipios donde se registra este fenómeno son: Norte de Santander con 13, Santander con 21, Antioquia con 35, Cundinamarca con 40, y el caso más grave está en Boyacá con 56.
Pero existen unos municipios donde el trasteo de votos es crítico, como son los casos de Pacho, en Cundinamarca, donde el número de inscripciones de cédulas atípicas aumentó un 187,89%, otro caso grave es el de La Salina, Casanare, con un aumento del 325,64%, seguido de Palmar de Valera, Atlántico, con 153,62%, Labranzagrande, Boyacá, con 147,11%, y Urrao, Antioquia con 122,98%.
La Misión de Observación Electoral lo había advertido
La MOE, recordó que después de las elecciones de 2018, en 142 municipios del país quedaron registradas en el censo electoral, más personas, que población registrada en esos municipios.
Y si en algo concuerda el informe de la Procuraduría con la MOE, es que Cundinamarca parece un caso crítico, aunque concuerdan en los departamentos de Norte Santander, Santander, Antioquia y la MOE resalta el caso de Meta.
Adicionalmente la Registraduría ya venía señalando que a junio de 2019, el 31,9% de los inscritos, podría no residir en el municipio donde inscribió su cédula para votar.
Para la MOE la clave está en cruzar bases de datos de inscritos, con inscripciones a otras fuentes, como el Registro Único de Víctimas (RUV), las bases de datos del censo poblacional 2018, de beneficiarios de subsidios del DPS, y de registros de propiedades y personas jurídicas.
Al cruzar dichas bases, puede más fácilmente identificarse casos donde las personas residen en lugares diferentes a la inscripción de su cédula, recordando que este delito según el artículo 389 del Código Penal, se paga con 4 a 9 años de prisión.
