La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), alertó sobre la situación que vive Colombia en su informe anual.
La ONU destacó los graves hechos que se vienen presentando en el país, por un lado, las 36 masacres (donde 3 o más personas murieron en un mismo hecho y por el mismo perpetrador), 108 líderes sociales asesinados, aunque en 2018 fueron 115, destaca a través de su representante en el país, Alberto Brunori, que:
“el 75% ocurrió en zonas rurales, el 86% en municipios con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional, el 91% en municipios con tasas de homicidios que indican la existencia de violencia endémica y el 98% en municipios caracterizados por la presencia de economías ilícitas y el ELN, de grupos violentos y de grupos criminales.”
A la violencia, se suma el aumento de la pobreza multidimensional en 1,8% en zonas urbanas rurales, y advirtió a través de datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que si el país no reduce su desigualdad (siendo uno de los tres países de la región mayores niveles), no logrará para 2030 reducir la pobreza extrema en un 3% como lo establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible al que está vinculado el país.
Pero la violencia sigue siendo un factor crítico, como el asesinato a mujeres activistas, que en 2019 aumentó un 50%, otro llamado de atención al país.
También se destaca que el 55% de ataques a líderes sociales, ocurrieron en los departamentos de Arauca, Cauca, Caquetá y Antioquia.
La ONU calificó como insuficiente la presencia del Estado en esas regiones, y afirma que sigue siendo una presencia puramente militar, mientras se requiere la presencia de autoridades civiles, entre ellas, diferentes instituciones que garanticen derechos como la salud, educación y justicia.
El ESMAD requiere una profunda reforma
La ONU también le llamó la atención al Estado por los hechos perpetrados por el ESMAD en 2019, que incluirían detenciones arbitrarias, graves lesiones a manifestantes, tortura y/o malos tratos, y recalcó el caso de una mujer que fue golpeada por 5 oficiales de la policía, dejando graves lesiones en su cabeza, mientras filmaba un documental.
Aunque también se mencionan a los 36 manifestantes y 4 miembros de las fuerzas policiales, que entre el 21 y 26 de noviembre de 2019, y que requirieron hospitalización por hechos ocurridos en las marchas.
El informe habla de 13 hechos de uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, y al menos dos ejecuciones extrajudiciales.
Brunori recordó que la Justicia Penal Militar no puede juzgar y sancionar casos relacionados con violaciones a los derechos humanos, de acuerdo a las normas internacionales, y solicitó a Colombia una reestructuración del ESMAD, como lo enfatizó el representante:
“Urge al Estado a iniciar investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes en relación con casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad durante las recientes protestas sociales. Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos insta a que se inicie una profunda transformación del Esmad, incluyendo una revisión de sus protocolos sobre el uso de la fuerza y de las armas y municiones.”
