Chile nunca ha tenido una Constitución en democracia, la guerra civil, la violencia política y la imposición del bando ganador, marcaron las constituciones de 1833, 1925, y 1980. Hoy el congreso anunció un acuerdo para un plebiscito que llevaría a una nueva Carta Magna, la primera desde el retorno de la democracia, y luego de casi 30 días de intensas protestas en ese país, y 48 horas de negociaciones.
Una serie de leyes orgánicas expedidas por la dictadura de Augusto Pinochet mantuvo congeladas varias de las medidas que contiene dicha Constitución, y que han sido un verdadero reto para todos los presidentes luego de la caída del régimen, medidas que tardaron décadas en reformarse, como el divorcio (2004), acabar con los senadores designados que impedían mayorías a otros sectores políticos (2005), entre otras polémicas decisiones que contenía dicha herencia del dictador.
Una nueva Constitución es una gran oportunidad para el gobierno de Sebastián Piñera, pues con ella vendrían varias reformas de fondo que fueron solicitadas por diferentes sectores, y que la rigidez de la actual carta no permite cambiar.
Entre ellas está una profunda reforma educativa, cambios en el sistema de pensiones, y reformas a las condiciones laborales de los chilenos, entre otras medidas.
El llamado “Acuerdo por la paz y la nueva constitución”, anunciado por el presidente del Senado, Jaime Quintana, preguntaría a los ciudadanos en el plebiscito a realizar en abril si desean una convención constitucional con miembros nuevos, que trabajen en paralelo al congreso, o si desean una donde la mitad de dicha convención tengan parlamentarios y la otra mitad delegados.
La nueva carta no se basaría en la constitución de 1980, y abre con ello un sinfín de oportunidades de reforma en ese país, pero también el reto de incluir a todos los sectores posibles que hoy tienen un claro descontento con la situación del país, y su desigualdad.
Por supuesto, cabe esperar si a mediano plazo esto calmará los ánimos de protesta, que han estado marcadas por denuncias de violaciones a los Derechos Humanos, lo que sólo ha alimentado más el descontento político, y la necesidad de diálogo.
La constitución será refundacional, pero no necesariamente la respuesta completa a las protestas.
