El caso del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que llevó a una medida de aseguramiento en su contra el pasado fin de semana, y al mismo tiempo a la suspensión de su cargo, tomó por sorpresa a varios medios y políticos de la región.
Un caso de data de hechos ocurridos hace 15 años, llevaron a la decisión sobre una investigación que se lleva bajo la Ley 600 del 2000, debido a la antigüedad de los hechos, cuando Gaviria fue por primera vez Gobernador de ese departamento entre 2004 y 2007, también se investigará a su sucesor Luis Alfredo Ramos, y al siguiente, Sergio Fajardo.
¿En qué consiste el caso?
La llamada Troncal de la Paz en específico el tramo La Cruzada – Caucasia, tuvo un contrato firmado en 2005 para su pavimentación y mejoramiento, las irregularidades datan de este contrato, pero cabe señalar que a ninguno de los exgobernadores mencionados, ni al actual gobernador, se les acusa de apropiarse de recursos del contrato.
Primero, el contrato tuvo un anticipo que fue ampliado, del total de $41.663 millones se aumentó el primer anticipo en $1.500 millones, según la Fiscalía sin cumplir con los requisitos, luego en el último año de mandato de Gaviria se hizo una adición al contrato de $12.339 millones, y a través de un otrosí tres días antes de terminar el periodo de Gaviria, es decir, en diciembre de 2007, se añadieron otros $16.334 millones esto permitió la construcción de un puente que conecta al municipio de Bagre con la Troncal de la Paz. Para el momento la interpretación de la Fiscalía dicta que las normas de la época exigían que se hiciera una licitación diferente para hacer el puente.
Como el contrato se ejecutó durante dos periodos más de los Gobernadores que sucedieron a Gaviria, Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo también serían investigados, pero por ahora no se conocen más decisiones sobre estos dos casos.
Para varios analistas, la interpretación de las normas en este caso bien podría significar que se convirtió una posible falla administrativa en un delito, es decir, tendría que probarse que los aumentos en el contrato respondían a hechos de corrupción y no ha necesidades propias del contrato que no fueron bien tramitadas.
La respuesta de Gaviria
Por supuesto, el Gobernador respondió en una entrevista realizada por Daniel Coronell y Daniel Samper Ospina, como él mismo indicó: “Se equivocó tremendamente el Fiscal. Yo creo que hay que enfocarse mucho más en la justicia que en el “show”. La posición de un fiscal no puede ser salir a comunicar al país una medida tan desproporcionada y arbitraria cuando el país está esperando otras decisiones de la justicia”.
Cabe señalar que el Fiscal del caso, asignado ante la Corte Suprema de Justicia, tiene como superior al Fiscal General, Francisco Barbosa, incluso el Gobernador afirmó: “A uno le parece que tiene que haber algo detrás, algún interés desconocido.”
Claro está que la decisión llega en el peor momento, justo cuando los mandatarios locales luchan para contener los contagios por el nuevo coronavirus, además de sus graves efectos sociales, como el aumento del desempleo, de la pobreza y por supuesto, del hambre.
También cabe señalar que el contrato ya había sido investigado, tanto por la Contraloría del Departamento en 2011, como por la Procuraduría General un año después, entonces, ¿Por qué justo ahora llegan las decisiones judiciales de este tipo? Una pregunta para la justicia.
