El escándalo por compra de camionetas blindadas: Más preguntas que respuestas

Análisis Por

La compra de camionetas blindadas se convirtió en un gran escándalo para la Policía Nacional, Presidencia, y para la Judicatura.

Presidencia a través de la Policía compró 23 camionetas por un total 9.646 millones, y la Judicatura 51 camionetas, para un total de 13.200 millones. Todo esto mientras el país atraviesa por una gran crisis debido a la emergencia sanitaria debido al nuevo coronavirus, la misma que azota al mundo.

Pero, cabe revisar más en detalle en qué consistieron dichas comprar, de donde venían los recursos y si realmente se usaron recursos que podían llevarse a mitigar la emergencia que se vive en el país.

Los detalles

Como lo han denunciado varios medios, al igual que el senador Wilson Arias, es extraño que el proveedor de la compra en ambos casos, sea el mismo, Unión Temporal Toyonorte LTDA – Armor International de Colombia LDTA, en el caso de las camionetas de presidencia según el senador, todas fueron compradas un mismo día, bajo un mismo objetivo, pero en tres órdenes de compra distintas, esto según el congresista podría configurar un fraccionamiento de contratos, así que pedirá que se investigue el hecho por posible celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

La compra de camionetas para la Judicatura iría destinada a la Corte Suprema de Justicia, es decir, se destinaria principalmente para la protección de magistrados, también se destaca que el director ejecutivo de la Rama Judicial, en entrevista con El Espectador, afirmó que, primero, el proceso de compra viene desde 2019, y segundo, es más económico comprarlas que alquilarlas, proceso que se hacía con la Unidad Nacional de Protección (UNP), y esto llevó a la compra.

El director del Departamento Administrativo de Presidencia, Diego Molano explicó que, en el caso de las camionetas compradas para seguridad de la Presidencia de la República, el proceso comenzó desde 2018, y su presupuesto fue finalmente aceptado en 2019, así que la ejecución de la compra se dio en 2020, pero sin saber a la hora de planearlo el año pasado que el país viviría la emergencia.

¿Por qué no se revierte la compra?

Aunque tanto la Rama Judicial, como Presidencia, alegan la necesidad de la compra basadas en estudios de seguridad para sus casos, e incluso según la Judicatura se trataba de reemplazar vehículos de hasta 10 años de antigüedad, la pregunta del millón es si se pudo o no revertir la compra.

En principio, si la compra ya se encontraba en firme, el presupuesto asignado y el proveedor elegido, revertir a último momento la compra podría significar demandas contra el Estado por incumplimiento de dichos contratos, y la terminación o suspensión de los contratos.

Pero de ello nacen múltiples preguntas, como ¿No se podía acordar con el proveedor la suspensión del contrato mientras durará la emergencia para utilizar dichos recursos? ¿En caso de una demanda contra el Estado, la situación de emergencia sanitaria, no serviría como defensa para evitar perder más recursos? Por ahora, incluso el senador Arias afirmó que está revisando con su equipo si se podía detener o no la compra.

También cabe la pregunta si con los poderes que posee el presidente al declarar un Estado de emergencia, económica, social y ecológica, podía destinar los recursos ya asignados para este tipo de comprar a solventar temas de la emergencia.

Más instituciones realizaron compras

La Dirección de Transito y Transporte de la Policía, compró cuatro tanquetas por 4.260 millones, la Policía Nacional también compró para el ESMAD cinco tanquetas para un total de 4.642 millones, y la lista sigue, las Fuerzas Armadas también compraron camionetas, dos camperos blindados para el Comando General por 572 millones, tres carros blindados más, para el Comando General, por 693 millones, uno más para la Unidad de Información y Análisis Financiero por 233 millones, entre otras compras.

Aunque las órdenes de compra están fijadas entre marzo y abril de 2020, lo más seguro es que los proceso comenzaron desde la vigencia pasada, es decir, desde 2019, cada una con Estudios previos que aseguran la necesidad de renovar o reemplaza parque automotor.

¿Coincidencia? Posiblemente al plantearse la compra en 2019, nadie pareció prever el hecho de que 2020 sería un año donde los recursos del país se destinarían para una emergencia sanitaria sin precedentes en el último siglo, pero también, resulta interesante observar si estos procesos y las normas que los rigen tienen previstos situaciones en las que puede revertirse la compra, o si en realidad las instituciones se centran en justificar que necesitan los vehículos así, por ejemplo, la imagen del ESMAD y el uso de sus tanquetas haya sido tan criticado en las marchas de 2019.