En diciembre el presidente sancionó la Ley 2013 de 2019, que obliga a los altos funcionarios a publicar sus declaraciones de renta, esto incluye a Congresistas, magistrados, cabezas de organismos de control, rectores de universidades públicas, directores de departamentos, ministros, gerentes públicos, y el mismo presidente.
Y aunque declaraciones como la del presidente Iván Duque, han generado polémica al tener saldos en cero o a su favor, el proceso mismo de hacer la publicación ya es una muestra de transparencia, o al menos, de abrir del camino para que entes de control, y veedurías ciudadanas puedan revisarlo.
De los 278 congresistas (108 senadores y 170 representantes), solo 100 han hecho la publicación, aún cuando el Departamento de la Función Pública indicó que debía hacerse de forma inmediata.
La declaración debe subirse al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), donde también se ha evidenciado que falta la declaración del director de la Dian, José Andrés Romero.
Entre los congresistas que no han subido su declaración, está el senador Roy Barreras, del Partido de La U, o el senador Gustavo Petro, que la publicó en redes sociales, pero no en el aplicativo a la fecha.
Aquellos que no hagan la publicación podrían ser investigados por la Procuraduría, lo que podría llevarlos a una sanción. Además, es un requisito para retirarse del cargo, ejercerlo o posesionarse.
Medida anticorrupción
Este proceso que no es novedoso, pues ya se venía aplicando en diferentes países de acuerdo a las normas tributarias de los mismos, e incluye la declaración de renta, de bienes y de conflictos de interés. La Ley fue producto de la presión ejercida luego de la Consulta Anticorrupción, que contemplaba este punto.
Esto busca que el manejo de los recursos de aquellos que ocupan altos cargos en el Estado permita observar el comportamiento de sus patrimonios, y el posible abuso al Estado.
Gobernadores y alcaldes están también atrasados con esa labor, ni la mitad de ellos la ha cargado, como tampoco la mitad de los que gobiernan ciudades capitales.
La vigilancia ciudadana será crucial para presionar esta tarea.
