La situación de los migrantes venezolanos en el país ya venía generando una situación delicada antes de la crisis desatada por la pandemia, ahora, las realidades de informalidad, y las redes ilegales que se han aprovechado de esa población, llevan a generar una presión social sobre los ya abrumados gobernantes locales, que al abordar el tema han tenido salidas en falso.
En redes sociales un sólo video de supuestas ayudas en especie rechazadas por venezolanos puede generar todo un estigma sobre una población vulnerable, y envuelta en una situación crítica al depender (igual que millones de colombianos), del día a día en labores informales.
Las protestas en Bogotá de ciudadanos en el centro de la ciudad un día antes de la cuarentena, el desalojo el martes de más de 1.000 personas de los lugares conocidos como “pagadiarios”, y la forma como las redes ilegales que operan en esas zonas se aprovechan de ello, se ha convertido en un lunar de las medidas anunciadas tanto por el Gobierno Nacional, como en este caso de la misma alcaldía de Bogotá.
¿Quién debe hacerse cargo?
Muchos se sorprendieron de las palabras de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, frente a la situación de los venezolanos, intentando llamar la atención sobre una realidad, como ella dijo: “Con absoluta generosidad, sin un peso del gobierno nacional, por 3 años los bogotanos con nuestros impuestos hemos cubierto la salud, jardín, escuela y alimentación a los niños y empleo a familias venezolanas. Pedimos ayuda del gobierno nacional por cuarentena y salimos a deber…”
Pero en una situación de crisis, donde millones de colombianos se encuentran desprotegidos pues ven su vida económica gravemente afectada por la cuarentena, y ante una situación de migrantes del vecino país que se estima en casi dos millones de venezolanos en diferentes ciudades, mencionarlos como “un problema” sólo los estigmatiza más.
Las situaciones de xenofobia ya venían siendo pan de cada día en diferentes regiones del país, donde se vincula a los migrantes venezolanos con la inseguridad, el aumento del desempleo, y hasta la idea de que “les gusta todo regalado”.
En varias ocasiones anteriores a la crisis por COVID-19, la Cancillería había hablado de una gran oportunidad en la formalización y atención a venezolanos, como un factor que bien tratado, ha fortalecido la economía de otros países con migrantes, pues aumenta la fuerza laboral, y al mismo tiempo el consumo, lo que permite a la economía moverse más, pero todo cambió con el aislamiento social preventivo, como la mayoría de migrantes son informales (solo en Bogotá hay más de 170 mil venezolanos con Permiso Especial de Permanencia, y se estima que podrían existir más de 400 mil de forma irregular, de los que sólo se tiene registro de 187 mil), la tensión frente a las ayudas urgentes por la emergencia, se hace evidente.
Para algunos alcaldes incluso, ha sido motivo de orgullo mostrar noticias de venezolanos deportados del país, aunque notas periodísticas como la publicada por La Silla Vacía, muestren que no siempre se trata de venezolanos que cometieron actos ilegales.
Todo lo anterior con la agravante de que el Estado ahora debe esforzarse por las ayudas a los más necesitados en medio de la crisis, y que aún así se estima que el desempleo y la pobreza inevitablemente podrían crecer, crea la tormenta perfecta para generar más rechazo sobre ellos.
Ayudas ¿para quién?
La percepción que generen los mandatarios locales sobre los migrantes afecta en buena medida la forma como son abordados en su vida cotidiana, si un alcalde expresa preocupaciones sobre esa población en el sentido de que no hay ayudas para todos, y que, por lo tanto, no se puede competir ente venezolanos y colombianos por subsidios, existirá la idea de que los venezolanos absorben parte de las ayudas, pero no en las consecuencias sociales de no hacerlo.
Si se toma a los venezolanos como una población a la que “les damos de nuestra generosidad” o “estamos dando de nuestros impuestos para ayudarlos”, sin explicar por qué y cómo esto puede terminar ayudando a todos los que vivimos en una misma ciudad, sólo se generará la percepción de que consumen recursos y que son recursos que se podrían utilizar en colombianos.
Si dividimos la población vulnerable entre los de primera clase que sí deben recibir, y los de segunda clase, que son tan vulnerables como los demás, pero no pueden recibir nada, entonces no se refleja el por qué de las ayudas.
Tampoco ayuda el oportunismo político de algunos mandatarios locales, que ganan aplausos por hablar de expulsar venezolanos, o decir que para ellos no se pueden tener ayudas, de fondo, sólo se reflejaría una desconexión con el Gobierno Nacional, y aprovechar la imagen general que se tiene de los migrantes.
¿Y el Gobierno Nacional?
Pero la responsabilidad sobre la situación sí recae en buena medida sobre el gobierno que no sólo reconoce al opositor Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, sino, que también ha defendido siempre las ayudas a venezolanos migrantes.
Mientras el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, anunció que no se podía desalojar a las familias de sus casas, por mora en el pago de los arriendos, hasta dos meses después de las medidas de aislamiento social, la realidad en los “pagadiarios” es muy distinta.
Al no tener un registro total de estos lugares, ni un acuerdo entre las autoridades de que se trate de un arriendo, y no de lugares de paso usados por turistas, y mientras en muchos de estos casos redes ilegales controlen en zonas de delincuencia estos “pagadiarios”, que el gobierno nacional o local pague por estos arriendos parece algo imposible.
Y aunque ni el Gobierno, ni las Alcaldías, estén en capacidad de encontrar otras soluciones para esa población durante la cuarentena, esto sin lugar a dudas afectará la crisis social de los lugares más pobres de las ciudades, que al menos podría mitigarse si los mandatarios locales trataran este tema más allá de afirmar que es o no, su responsabilidad. Una situación que seguramente sólo empeorará las condiciones de vida, no sólo de los venezolanos, sino de toda la población vulnerable que se ve afectada por este abismo en las ayudas anunciadas.
