En un país polarizado y con álgido debate político, la justicia es uno de sus poderes más importantes, da orden a las decisiones de las instituciones para que se cumplan bajo el rigor de la ley, condena a los involucrados en casos que podrían destruir esas mismas instituciones, e incluso aclara el paso a paso a seguir en algunas actuaciones.
Desprestigiada, y con altos índices de insatisfacción, la justicia colombiana tiene en las altas cortes a pesar de ello, uno de sus más grandes activos, y no precisamente monetarios, se trata de la defensa misma de los derechos de todos los colombianos.
Con las decisiones de la Corte Constitucional se han logrado grandes conquistas en favor de los derechos de las minorías, y ha servido para frenar diversas injusticias, entre ellas las consignadas en leyes que violan la constitución.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha llevado a la cárcel a un gran número de parapolíticos, ha logrado condenas contra algunos de los considerados intocables, y aprobado extradiciones de narcotraficantes, además, se ha mantenido independiente aun en los gobiernos con mayor concentración de poder.
Están lejos de ser perfectas, pero influir en sus magistrados para que tomen decisiones es uno de los caminos más corrosivos para la institucionalidad y la democracia del país.
Este año la Fiscalía General aceptó que investiga posibles interceptaciones a magistrados de la Corte Constitucional, para buscar influir en sus decisiones, un hecho grave que todavía no tiene responsables llevados ante los tribunales ¿Quiénes quieren influir en los magistrados?, ¿En qué decisiones exactamente?, ¿Cómo lograron infiltrarse en sus despachos o dispositivos para vigilarlos?, son algunas de las respuestas que se esperan de la investigación de la Fiscalía.
Ahora al magistrado de la CSJ Eyder Patiño, se le notificó del retiro de su visa a los Estados Unidos, algo que ya ocurrió en la Corte Constitucional con el magistrado Lizarazo, ponente de la Ley Estatutaria de la JEP, quien al final logró recuperarla, y se tiene en la mira a la magistrada Diana Fajardo, muy activa en los debates relacionados con temas de paz, a quien también se le notificó de la suspensión de su visa.
Esto provocó una reunión en privado entre la magistrada Fajardo, el vicepresidente de la Corte Constitucional Alberto Rojas, y el presidente Iván Duque, según lo reveló Semana, y ahora se espera el regreso del presidente de los Estados Unidos (una agenda relacionada con visitas a gigantes de la tecnología), para comunicar la respuesta recibida por él de parte de las autoridades estadounidenses.
No es un hecho aislado
El interés del país norteamericano sería en especial en el tema de la extradición como queda sentado en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), como en el caso de Santrich, quien es pedido por los Estados Unidos, y debido a decisiones de esta jurisdicción permanece en Colombia.
Una denuncia similar ya la había realizado el Representante a la Cámara del Partido de la U, John Jairo Cárdenas, quien manifestó que luego de un desayuno con el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, y de indicar en esa reunión su postura sobre las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, la Embajada días después decidió cancelar su visa.
Todo Estado está en libertad de decidir que ciudadanos pueden ingresar o no a su país, pero en el caso de los altos magistrados se tiene en cuenta su visita para efectuar gestiones sobre sus casos en ese Estado, y además, el hecho de usar el visado como “arma política” para persuadirlos a no tomar decisiones que afecten los intereses del gobierno de ese país.
Si se permite que los países ejerzan coerción sobre la rama judicial, se coloca en peligro la independencia y poder que representan las decisiones de esos entes. ¿Dejará el gobierno Duque pasar esta posible interferencia en las decisiones que afectarán el presente y futuro de los colombianos?
