Ayer fue un día especialmente agitado en la política colombiana, la negativa de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), de extraditar al exguerrillero Jesús Santrich, abrió un cráter inmenso que terminó con la renuncia del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez.
Implicaciones
La marea política generada por la decisión de la JEP, llena de artillería a los opositores al Acuerdo de paz con las FARC, y le dio la oportunidad a Martínez para retirarse de la Fiscalía, y con ello también se dio la renuncia de su vicefiscal María Paulina Riveros.
Martínez argumentó que lo hacía porque la decisión de la JEP sobre Santrich: “hace trizas la cooperación judicial internacional, desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales sobre la materia, confronta abiertamente la Constitución Política y, lo más grave, destruye la muralla que construyó el Acuerdo de Paz entre la reinserción y el narcotráfico, cuya promiscua relación constituye una amenaza para la democracia”
Algunos congresistas del Centro Democrático lo han felicitado, criticando duramente a la JEP, por ejemplo, la senadora María Del Rosario Guerra, quien manifestó: “Frente a nefasta decisión de impunidad para Santrich al negar extradición por parte de la @JEP_Colombia y desconocer informe de la @FiscaliaCol renuncia el fiscal Martinez Neira. Que daño a la institucionalidad y a relaciones de cooperación internacional le ha hecho la JEP”
La Procuraduría apelará la decisión en manos de su procuradora delegada Monica Cifuentes, quien asesoró en su momento al gobierno en la negociación del mismo Acuerdo de paz que permitió la creación de la JEP.
El presidente Iván Duque, que había respaldado la decisión de la JEP, de ordenar la captura del “El Paisa”, realizó una alocución donde criticó a esa jurisdicción por considerar que las pruebas contra Santrich son contundentes (aunque Estados Unidos se negó a entregarlas a la JEP), aprovechó para respaldar sus objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, y anunció su apoyo a la decisión de la Procuraduría.
¿Qué sigue?
Lejos de la celebración de varios de los opositores de Martínez, la Fiscalía estará lejos de tener un nuevo Fiscal cuya opinión concuerde con la de apoyar el Acuerdo de paz, o apoyar la JEP.
Por un lado, el ente queda a cargo de Fabio Espitia Garzón quien se desempeñaba como coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, y es un reconocido profesor emérito de la Universidad Externado, quien posee una larga trayectoria en esa entidad.
Ahora, a pesar de que el periodo de Martínez terminaba en agosto de 2020, el presidente Iván Duque podrá pensar desde ya en un terna para reemplazarlo, y tener un Fiscal de la entraña del uribismo.
Aunque todavía no se sabe como reaccionaría la Corte Suprema a esa terna, sobre todo después de una serie de decisiones que han afectado al líder natural del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, está claro que los nombres presentados estarán más cercanos a las posiciones del gobierno sobre temas como los presentados en las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, y ese nuevo Fiscal, como ocurrió con Eduardo Montealegre, tendrá un periodo completo.
La Fiscalía de Martínez Neira
Desde un inicio Martínez tuvo una Fiscalía polémica, la selección de la terna pasó por un supuesto concurso de meritos en presidencia, mientras en la opinión pública ya se daba por sentada la victoria de Martínez, el entonces presidente Juan Manuel Santos prefirió permitir que él llegara hasta la terna final presentada a la Corte Suprea, lo que costó la renuncia de María Lorena Gutiérrez como “superministra” de la Presidencia.
Al final, aunque la terna tenía los nombres (además de Nestor Humberto) del reconocido abogado Yesid Reyes, y la reconocida penalista Monica Cifuentes, Martínez terminó ganador ante la Corte, y con eso se dio inicio a una Fiscalía que prometia tener a uno de los abogados más influyentes del país a la cabeza.
Pero los escándalos no tardaron en llegar, como la captura del Fiscal Anticorrupción, Gustavo Moreno, nombrado en ese cargo por Martínez, su conflicto de interés en el caso Odebrecht, luego de asesorar al poderoso Sarmiento Angulo, quien resultaría ser socio de la multinacional brasileña en Colombia para varios proyectos, y por supuesto, la posterior muerte de Eduardo Pizano y su hijo, un testigo clave en el caso Odebrecht que terminó en un fuerte desprestigio público para el Fiscal General.
El debate de control político luego de la muerte de Pizano, demostró que Martínez tenía problemas para recuperar su credibilidad, usando palabras y gestos que fueron fuertemente replicados por los opinadores y desacreditaron su intervención ese día, de ahí, que su actual renuncia parezca más un hecho del que se aprovechó, y no uno que realmente lo obligara a renunciar.
Martínez trabajó para varios gobiernos (Samper, Pastrana y Santos), y nunca ha sido considerado, ni un uribista, ni un santista, en realidad a penas y se le relaciona con el partido Cambio Radical, así que luego de su renuncia su poder dentro del Estado estará realmente suprimido, lo que cierra por ahora sus probabilidades de seguir incursionando en la política y menos aún en la política electoral a mediano plazo.
