Los entes de control adelantan actuaciones frente a los casos de Gobernadores, Alcaldes y funcionarios en general de los entes territoriales, en la vigilancia de los recursos que se utilizan para mitigar los efectos de la pandemia por el nuevo coronavirus.
Procuraduría: 27 gobernaciones y 396 alcaldías a responder
82 procesos disciplinarios se encuentran abiertos en 27 gobernaciones del país, entre las acciones adelantadas se encuentra la suspensión del gobernador de Chocó, la secretaria de Salud de la Gobernación de Tolima, y la secretaria General de la Gobernación del Cesar.
Además, se encuentran en juicios disciplinarios los gobernadores de Arauca y Vichada, y al menos 3 funcionarios de la Gobernación del Quindío.
En el caso del Gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, se intenta determinar su responsabilidad en los posibles sobrecostos en contratos con Multiservicios Mael S.A.S. ZOMAC, por un valor total de $4.400 millones para entregar paquetes alimentarios a más de 33 mil familias.
Además se investiga al gobernador por la suscribir un contrato para realizar eventos artísticos en el municipio de Carvo Norte el 14 de abril de 2020, es decir, en plena emergencia sanitaria, por un valor de $570 millones. En ambos casos se señala la falta de planeación y transparencia para decidir montos y tiempos de estos contratos. Al menos dos secretarios del departamento se encuentran también en investigación.
A lo anterior, se deben sumar 593 expedientes abiertos contra 396 alcaldías, con al menos 10 juicios disciplinarios en curso, que incluye a las alcaldías de Guaduas, Cundinamarca; El Doncello, Caquetá; Girón y El Socorro, Santander; Coveñas y Sincelejo, Sucre.
A propósito de estos casos, fue suspendido a principios del mes el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, por las supuestas irregularidades en contratos para atender la emergencia y que suman $1.590 millones, las irregularidades van desde la selección del contratista, hasta posibles sobrecostos y vulneraciones a los principios de contratación.
Por este caso ya se encuentra suspendido e inhabilitado por cuatro meses el subdirector del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de Armenia, José Javier Acero, por un contrato para el pago de servicios de alimentación a la empresa “Guitarra & Coffe”. Al parecer el funcionario aprobó el pago del suministro de 538 almuerzos por más 8 mil millones, con posterioridad a su entrega y sin que al momento de ser proveídos por dicha empresa existiera un contrato con la Alcaldía.
El alcalde de Anapoima, Cundinamarca, fue citado a juicio disciplinario, por contratar servicios de publicidad entre otros bienes no requeridos para mitigar la emergencia por la Covid-19, la Procuraduría también citó a juicio disciplinario al alcalde de El Molino, La Guajira y a su Secretaria de Gobierno por posibles sobrecostos en un contrato para víveres no perecederos con la Fundación Social Creciendo, contrato de casi $100 millones de pesos.
Contraloría: 2 gobernadores y 4 alcaldes bajo la lupa
Los gobernadores de Guainía y Tolima, y los alcaldes de Cartagena, Chiriguana en Cesar y Girardot, también se encuentran con investigaciones abiertas.
El caso que más llama la atención es del gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco, quien tiene al menos tres procesos abiertos en la Contraloría por una posibles responsabilidad fiscal ante el detrimento de $2.212 millones.
Dicha Gobernación contrató kits de alimentos y aseos, el primero a la empresa Sierra Pineda S.A.S. por $5.154 millones, cuando según cifras del DANE costarían alrededor de $4.002 millones; el segundo, un contrato con Enred Group S.A.S. por $5.000 millones, y un posible sobreprecio de 827 millones; y el tercero con Leon Graficas S.A.S., por posibles daños al patrimonio del departamento por $143 millones, ante una posible intermediación innecesaria de este contrato.
Al gobernador de Guinía, Juan Carlos Iral, por un posible daño al erario de $112 millones en compra de víveres, y en el caso del alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, por un posible detrimento de $193 millones en sobreprecios en un contrato de compra-venta con la empresa Ventas Distribución y Marketing Ltda, en la venta de suministros sanitarios, y de protección en temas de prevención y reducción de riesgos ante la emergencia sanitaria, el contrato suscrito el pasado 8 de abril tendría grandes diferencias con los precios del mercado.
