La situación de las Cárceles del país ya era crítica antes de la llegada de la pandemia, actualmente su hacinamiento supera el 53%, con una sobrepoblación superior a las 42 mil personas.
En Chocó y Antioquia el hacinamiento puede superar el 93%, en Pasto puede superar el 200%, y en la Cárcel Bastidas de Santa Marta, según la misma Personería, el hacinamiento puede superar el 400%.
Mientras los colombianos están preocupados por su propio encierro en sus casas, con una economía que se debilita al tiempo que aumenta el conteo de infectados y fallecidos por COVID-19, la situación de hacinamiento carcelario es algo de que preocuparse.
Cárcel de Villavicencio
Mientras se sigue investigando cómo llegó el coronavirus a la Cárcel de Villavicencio, los traslados han generado una exportación de contagiados a otros centros penitenciarios.
Actualmente hay 17 privados de la libertad contagiados en dicha cárcel, y 13 funcionarios más que han dado positivo a la prueba, a esto se suma el caso positivo de un trasladado de esa cárcel a Las Heliconias el centro carcelario de Florencia, Caquetá, y han fallecido al menos 3 personas.
Preocupan los dos casos de contagiados que también fueron trasladados de Villavicencio, en este caso a la Cárcel La Picota de Bogotá, que tiene una capacidad para 6.002 internos, pero actualmente alberga 9.232.
El alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, alertó de la situación y pidió ayuda al Gobierno para realizar pruebas a todos los internos y a los funcionarios de la cárcel de esa ciudad, alertó de aquellos que días pasados salieron en libertad por vencimiento de términos, y considera que deben ser ubicados y al mismo tiempo se les deben realizar las pruebas.
La preocupación del alcalde es que la cárcel se convierta en un foco del virus que termine llevando casos a diferentes lugares de la ciudad, e incluso del departamento, sin contar los que ya llegaron a Bogotá y Florencia.
El Decreto 546 de 2020
Ante la inminente crisis, el Gobierno expidió el Decreto 546 de 2020, que busca llevar a cerca de 4.000 personas privadas de la libertad, al beneficio transitorio de casa por cárcel, esto cobija según la ministra de Justicia, Margarita Cabello, a aquellos que hayan tenido condenas de hasta 5 años, o cumplido el 40% de la pena, o que padezcan enfermedades catastróficas, algún tipo de discapacidad, o sean mayores de 60 años.
Esto excluyendo a los que cometieron delitos sexuales, feminicidio u otros delitos graves.
Pero la pregunta del millón es ¿Con esto se soluciona la crisis que podría provocar la expansión del virus en un ya debilitado sistema carcelario?
La misma ministra Cabello admite que no, y que el Decreto por sí sólo no evita nuevos contagios del virus en las Cárceles, pero sí permite evitarlo en personas más vulnerables. Por supuesto, su ejecución ha tenido muchos problemas.
Mientras el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el general Norberto Mujica, aseguró que esta misma semana aproximadamente 1.000 internos saldrían a la libertad, los jueces a través de Asonal Judicial aseguraron que es algo que ven imposible de ejecutar en una semana, tomando en cuenta el tiempo que les toma revisar cada caso y expedir un auto, y la capacidad de jueces de ejecución de penas que no aumenta con el Decreto 546.
Por su parte, la ministra Cabello recordó que las medidas no superan la crisis que se vive por el hacinamiento en las cárceles, y por el contrario el hacinamiento que viene de años anteriores no se podrá solucionar en el estado actual de la emergencia sanitaria. Por eso, el gobierno ya plantea un nuevo Decreto, pero afirma que no se dejará presionar (como ha ocurrido con la protesta pacífica de presos en La Picota), para garantizar una salida masiva de privados de la libertad.
¿Y qué pasa con los que saldrán?
Otra gran pregunta es si las medidas no influirán en aumentar los índices de delincuencia, al dejar una gran cantidad de privados de la libertad por delitos menores en prisión domiciliaria. Tomando en cuenta que de los 68.444 presos que hoy tienen este beneficio, sólo el 8,7% tiene brazalete.
En ocasiones puede pasar más de una semana sin que vean a un Guardián, y lo que genera dudas sobre el control efectivo que se hace a estos casos, y a los casos que saldrían en días posteriores, con el agravante de que se aumente el número de infectados por el virus en las cárceles.
Ni a los ciudadanos, ni a los privados de la libertad, les beneficia que pueda existir un brote sin control de COVID-19 en el sistema carcelario, tanto por la vida de estos privados de la libertad, como de los funcionarios que los custodian, y al mismo tiempo de los colombianos que en las ciudades donde existen estos centros carcelarios podrían tener su propio aumento de casos hacía afuera.
Al final, el mal funcionamiento de las cárceles del país, sobrepobladas y muchas veces en precarias condiciones de infraestructura y atención en salud, cobra factura a una crisis que ya tiene a los colombianos sumidos en su propia emergencia en el día a día.
